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Avalan diputados reforma a Ley General de Educación Pública

Por 366 votos a favor, cinco abstenciones y cinco en contra, el pleno de la Cámara de Diputados avaló ayer en lo general y en lo particular la minuta con carácter preferente que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación Pública, a través de la cual se agiliza, entre otras cuestiones, la revalidación de estudios a mexicanos y extranjeros permanente o en tránsito que busquen integrarse al Sistema Educativo Nacional, misma que fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación.

A nombre de la bancada del PRI, la diputada Martha Hilda González Calderón, destacó que con esta propuesta del Ejecutivo federal se establecen las bases para que los hijos y las hijas de las familias mexicanas en retorno puedan integrarse al sistema educativo.

“Se le dan facultades a la SEP en concurrencia con las autoridades educativas locales para establecer normas de control escolar que agilicen la incorporación de estudiantes no importando, ni su condición migratoria ni la documentación con que cuentan”.

Destacó que se simplifican los trámites de revalidación de estudios conforme a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad, otorgando facilidades a la población, particularmente a los migrantes.

“Autoriza a las instituciones educativas reconocidas otorgarle validaciones y equivalencias parciales respecto de los planes y programas que imparte, sin nunca perder sus facultades de evaluación y seguimiento. Robustece el derecho de transito educativo, entendido como la movilidad que realizan los estudiantes por un periodo determinado, ya sea en territorio nacional o internacional con el fin de fortalecer su formación académica”, agregó.

Por el PAN, el diputado Joaquín Díaz Mena consideró fundamental que el Gobierno federal destine los recursos necesarios para que se cumpla a cabalidad con el espíritu de esta iniciativa.

“De lo contrario todo quedaría en buenas y humanitarias intenciones. Ojalá no le quede grande a la SEP el reto de atender a los dreamers repatriados. No hacer estos ajustes sería caer en demagogia. Esta iniciativa presenta una solución a una realidad que ya nos alcanzó, pero si el Gobierno federal no asume su responsabilidad de llevarlo a cabo sería letra muerta”.

En su intervención, el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, el diputado del PES, Gonzalo Guízar Valladares, aclaró que este mandato no es solo para “dreamers”, sino que va más allá, al acabar con la burocracia y la tramitología innecesaria.

“Se simplifican los trámites, hay una especie de mejora regulatoria con este mandato que hoy estamos aprobando por el pleno en su mayoría, y ahora estamos simplificando y dándole a esos jóvenes, principalmente que vienen deportados, voluntarios o no del extranjero, para que la SEP y otras dependencias tengan la facultad de atenderlos de manera eficiente”.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, Hortensia Aragón, detalló que con ello, crea además un Sistema de Cualificaciones y el Sistema de Información y Gestión Educativa para el registro, reconocimiento, acreditación y equivalencia que ya existe en diversos países y que se deberá edificar para que nuestras instituciones educativas puedan competir a nivel internacional.

“No se trata, como lo han referido algunos actores, de la renuncia del Estado a la rectoría de la educación. El dictamen otorga a las instituciones educativas particulares la posibilidad de emitir revalidación parcial de estudios. Lo que resulta novedoso es el procedimiento a través del cual las instituciones privadas y públicas van a prestar el servicios educativo, cómo van a ser controladas, cuáles van a ser los requisitos y cómo va operar el requisito de máxima transparencia. La SEP podrá retirar el reconocimiento de validez oficial si hay un mal uso de estas facultades”, dijo la diputada del PRD.

Del grupo parlamentario del PVEM, el diputado Luis Avendaño, explicó que “la propuesta del ejecutivo pretende eliminar el apostillado de todos los documentos para la revalidación educativa, así como el requisito de traducciones de calificaciones, planes de estudios, actas de nacimiento o cualquier otro documento de identidad personal, que en muchos de los casos representan un costo elevado para el estudiante y se traduce en un obstáculo más para continuar con su formación académica”.