/ jueves 16 de enero de 2020

Acuerdan Gobernadores dar a UIF información de los estados

Acuerdan Conago y Gobierno federal trabajar para mejorar la seguridad en las entidades federativas

Para una mayor articulación entre la Federación y los estados en materia de seguridad, los gobernadores de las 32 entidades federativas se comprometieron a la formación de grupos de inteligencia operativos a fin de definir estrategia de atención sobre objetivos específicos, además de evitar filtración de la información que se genera en las mesas de paz y seguridad.

Así lo especifican los seis documentos que fueron presentados en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con integrantes del gabinete de seguridad y de los cuales El Sol de México cuenta con copia.

En la reunión se acordó que se redoblaran esfuerzos para combatir el sicariato, la corrupción política, judicial ministerial y policial, así como el combate a la base social y estructuras financieras.

Se puso mayor énfasis en la creación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica (UIPEs) a través de las cuales se podrá obtener información del registro único de la propiedad y comercio, registro civil, catastral e impuestos estatales.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda informó a los gobernadores que en el periodo 2011 a 2018, solo ocho estados implementaron sus unidades de inteligencia, mientras que el año pasado solo se han concretado 24 unidades.

Las UIPEs tendrán la finalidad de prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita como lavado de dinero y financiamiento a actividades ilegales, entre otras.

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, pidió la adecuación al marco jurídico ya que solo 16 entidades federativa cuentan con la adscripción reglamentaria de su UIPEs, ya que una vez que dichas unidades cuenten con equipamiento, podrán recolectar información en el registro público de la propiedad y de comercio, registro civil y catastral así como a través de impuestos estatales o municipales.

También pidió adecuación al marco jurídico ya que solo 21 entidades federativas tienen tipificado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A los gobernadores les expusieron la propuesta de lineamientos de operaciones para el funcionamiento de las coordinaciones para la construcción de paz y seguridad, donde se desprende que sesionaran de lunes a viernes con la participación de autoridades federales, estatales y municipales.

Ahí se plasma la implementación de grupos de inteligencia operativos a fin de definir estrategia de atención sobre objetivos específicos, y los asistentes a las reuniones, deberán guardar estricta confidencialidad de la información que ahí se divulgue a fin de evitar filtración sobre la tomas de decisiones que se generen en las también llamadas mesas de paz y seguridad.

Otro de los documentos analizados fueron los resultados de la Comisión Nacional Antisecuestro la cual se encuentra en un proceso de reingeniería y pasará a ser una coordinación operativa en auxilio a las fiscalías especializadas.

El informe de la Conase, señala que ha coordinado y supervisado 87 casos de secuestro, en donde se exigían 279 millones 172 mil 825 pesos y donde se evitó el pago del 95.31 por ciento de los casos mediante el esquema de Manejo de Crisis y Negociación.

En este lapso, la Comisión ha detenido a 123 personas, desarticulado 15 bandas, liberado a 162 víctimas de secuestro, y localizado a 30 más víctimas de secuestro virtual

De acuerdo a la propuesta de modificación del decreto, la CONASE tendría la facultad de sugerir y avalar a quienes ocuparían el cargo de fiscal de las 32 Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS), y tener un representante en cada una de las instituciones que participan en la lucha del combate al secuestro para que apoyen directamente a cada una de las UECS.

Para una mayor articulación entre la Federación y los estados en materia de seguridad, los gobernadores de las 32 entidades federativas se comprometieron a la formación de grupos de inteligencia operativos a fin de definir estrategia de atención sobre objetivos específicos, además de evitar filtración de la información que se genera en las mesas de paz y seguridad.

Así lo especifican los seis documentos que fueron presentados en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con integrantes del gabinete de seguridad y de los cuales El Sol de México cuenta con copia.

En la reunión se acordó que se redoblaran esfuerzos para combatir el sicariato, la corrupción política, judicial ministerial y policial, así como el combate a la base social y estructuras financieras.

Se puso mayor énfasis en la creación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica (UIPEs) a través de las cuales se podrá obtener información del registro único de la propiedad y comercio, registro civil, catastral e impuestos estatales.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda informó a los gobernadores que en el periodo 2011 a 2018, solo ocho estados implementaron sus unidades de inteligencia, mientras que el año pasado solo se han concretado 24 unidades.

Las UIPEs tendrán la finalidad de prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita como lavado de dinero y financiamiento a actividades ilegales, entre otras.

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, pidió la adecuación al marco jurídico ya que solo 16 entidades federativa cuentan con la adscripción reglamentaria de su UIPEs, ya que una vez que dichas unidades cuenten con equipamiento, podrán recolectar información en el registro público de la propiedad y de comercio, registro civil y catastral así como a través de impuestos estatales o municipales.

También pidió adecuación al marco jurídico ya que solo 21 entidades federativas tienen tipificado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Ahí se plasma la implementación de grupos de inteligencia operativos a fin de definir estrategia de atención sobre objetivos específicos, y los asistentes a las reuniones, deberán guardar estricta confidencialidad de la información que ahí se divulgue a fin de evitar filtración sobre la tomas de decisiones que se generen en las también llamadas mesas de paz y seguridad.

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