/ miércoles 26 de septiembre de 2018

Función Pública destituye e inhabilita a ex funcionario de Sedesol

Gustavo Rodríguez González, ex secretario de Comunicación Social de Sedesol fue señalado de entregar recursos a una dependencia de Hidalgo

La Secretaría de la Función Pública destituyó e inhabilitó por 10 años a Gustavo Rodríguez González que se desempeñó como director de área en la Unidad de la Oficina de la Secretaría y Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Además de la inhabilitación, la Función Pública impuso al señalado una sanción económica de 210 millones 493 mil 829 pesos, se informó en un comunicado.

Expuso que la investigación, realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la Sedesol, a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Superior de Hidalgo, presupone que dicho funcionario público habría causado un daño patrimonial por 175 millones 411 mil 524 pesos a la dependencia federal.

Ello al liberar los pagos de servicios contratados con un sistema público de radio y televisión, sin remitir documentación y/o información que demostrara la prestación de dichos servicios, refirió la Función Pública.

Abundó que durante la investigación, a través del OIC en la Sedesol, requirió en diversas ocasiones la remisión de los entregables correspondientes a la prestación de dicho servicio, sin que los mismos fueran turnados a esta institución.

La Secretaría de la Función Pública dejó a salvo los derechos del servidor público para hacer valer los medios de impugnación que considere pertinentes y reiteró su apego a la legalidad en todos sus procedimientos.

La Secretaría de la Función Pública destituyó e inhabilitó por 10 años a Gustavo Rodríguez González que se desempeñó como director de área en la Unidad de la Oficina de la Secretaría y Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Además de la inhabilitación, la Función Pública impuso al señalado una sanción económica de 210 millones 493 mil 829 pesos, se informó en un comunicado.

Expuso que la investigación, realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la Sedesol, a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Superior de Hidalgo, presupone que dicho funcionario público habría causado un daño patrimonial por 175 millones 411 mil 524 pesos a la dependencia federal.

Ello al liberar los pagos de servicios contratados con un sistema público de radio y televisión, sin remitir documentación y/o información que demostrara la prestación de dichos servicios, refirió la Función Pública.

Abundó que durante la investigación, a través del OIC en la Sedesol, requirió en diversas ocasiones la remisión de los entregables correspondientes a la prestación de dicho servicio, sin que los mismos fueran turnados a esta institución.

La Secretaría de la Función Pública dejó a salvo los derechos del servidor público para hacer valer los medios de impugnación que considere pertinentes y reiteró su apego a la legalidad en todos sus procedimientos.

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