El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados se pronunció a favor de impulsar una “ley marco” en materia de presupuesto a nivel federal, para que los congresos de todo el país tengan mayor capacidad de manejar su propio presupuesto y regular el gasto de los poderes Ejecutivos, indicó el presidente de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar.
“Ha sido muy larga la noche de sometimientos de los poderes Legislativos, y el 1 de julio, también el reclamo fue porque la representación popular, la que hace las leyes, tuviera mayor fuerza, tuviera mayor poder. Con esto iniciamos un camino que quizás sea largo, pero que inicia para fortalecer el poder de los legisladores”, dijo durante su participación en el Foro Legislativo en Materia Hacendaria
El también dirigente del Barzón manifestó que, con el nuevo panorama político en México, se generan condiciones para modificar la forma en que se aprueban, ejercen y fiscalizan los recursos públicos. Añadió que la previsión, es terminar con las épocas en que los gobernantes, en especial los gobernadores, actuaban de manera libre y sin fiscalización alguna.
Entren los retos para el presupuesto 2019, está recomponer la forma de aprobar y ejercer el erario, con apoyo de los órganos de fiscalización, que deben actuar de manera autónoma, sin estar “sometidos” a los Ejecutivos.
Subrayó que la etapa del gasto ocioso, excesivo y los dispendios en el país ha sido muy larga, por lo que es urgente establecer lineamientos que permitan ordenar el uso del dinero público en los tres órdenes de gobierno.
Al recordar que el gasto federalizado supera el billón 800 mil millones de pesos, el legislador del agregó que es necesario comenzar a debatir sobre el destino de esos recursos, y dirigirlos hacia las áreas y sectores que permitan generar prosperidad para la población, fortalecer la infraestructura, combatir la vulnerabilidad social y la pobreza.
Se pronunció a favor de debatir y regular el uso del polémico “Ramo 23” al que se refirió como “una especie de fantasma” que circula en los ayuntamientos, estados, asociaciones civiles, legisladores locales y federales, y que ha sido utilizado como fuente no sólo de auxilio financiero, sino de complicidades y cobro de favores, con un manejo opaco.
