/ jueves 1 de agosto de 2019

Autoridades niegan participación en operativo que dejó un migrante muerto en Saltillo

Mientras que la Casa del Migrante denunció los hechos y exigió la reparación de daños para los migrantes afectados

En relación a la información difundida en redes sociales en la que señalan la supuesta participación de personal de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración en el asesinato a balazos de un migrante salvadoreño durante un operativo en Saltillo, Coahuila, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que los elementos no participaron en ningún operativo relacionado con estos hechos.

A través de una tarjeta informativa, aseguró que las investigaciones y el deslinde de responsabilidades estarán a cargo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

“Es importante señalar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoce la importante labor social de las casas de asistencia humanitaria y demás organizaciones de la sociedad civil en defensa de los migrantes”, dijo.

Por ello, agregó que el personal de la Policía Federal y de la Guardia Nacional tiene como deber garantizar la seguridad de las personas en todo el país, por lo que su despliegue incluye el respeto absoluto e irrestricto a los derechos humanos de las personas, tanto de ciudadanos mexicanos como de personas extranjeras, mandato que está contemplado desde su concepción.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reprueba cualquier acción fuera de la observancia de la ley, así como de los protocolos de actuación”, señaló.

Las investigaciones y el deslinde de responsabilidades estarán a cargo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Casa del Migrante denuncia y exige reparación de medios

En tanto, la Casa del Migrante en Saltillo denunció que al menos 10 personas migrantes fueron sorprendidas en un operativo conjunto entre agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y elementos de la Fiscalía del Estado de Coahuila, resultando un ciudadano salvadoreño muerto.

“(Los agentes) empezaron a perseguirles logrando detener a varios de ellos, entre estas a una niña con su madre quien de manera por demás cruel separaron de su bebé de aproximadamente 2 años de edad, el cual fue escondido por las demás personas migrantes en una tienda para proteger su vida una vez que asumieron que, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila les estaban disparando a matar”, relata la Casa en un comunicado hecho llegar a los medios de información.

Por lo anterior, dejaron claro que “la persecución de personas migrantes en México ha llegado a un extremo insostenible”, por lo que exigieron “un alto a la crueldad institucional que está cobrando vidas, dejando en la orfandad a niñas, niños, separación familiar y un sinfín de sufrimientos provocados por el Estado mexicano y sus instituciones”.

“Urgimos la protección máxima de todas y todos los sobrevivientes, la procuración de justicia, la reparación del daño y todas las garantías de no repetición, así como toda la seguridad para sus defensoras y defensores de derechos humanos”.

Por último, la Casa del Migrante en Coahuila dejó claro que la protección a la infancia debería ser primordial, por lo que “exigimos la unidad familiar de los miembros separados por el INM, la Policía Federal y la Fiscalía, así como se repare el daño a la pequeña de 8 años de edad”.

En relación a la información difundida en redes sociales en la que señalan la supuesta participación de personal de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración en el asesinato a balazos de un migrante salvadoreño durante un operativo en Saltillo, Coahuila, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que los elementos no participaron en ningún operativo relacionado con estos hechos.

A través de una tarjeta informativa, aseguró que las investigaciones y el deslinde de responsabilidades estarán a cargo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

“Es importante señalar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoce la importante labor social de las casas de asistencia humanitaria y demás organizaciones de la sociedad civil en defensa de los migrantes”, dijo.

Por ello, agregó que el personal de la Policía Federal y de la Guardia Nacional tiene como deber garantizar la seguridad de las personas en todo el país, por lo que su despliegue incluye el respeto absoluto e irrestricto a los derechos humanos de las personas, tanto de ciudadanos mexicanos como de personas extranjeras, mandato que está contemplado desde su concepción.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reprueba cualquier acción fuera de la observancia de la ley, así como de los protocolos de actuación”, señaló.

Las investigaciones y el deslinde de responsabilidades estarán a cargo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Casa del Migrante denuncia y exige reparación de medios

En tanto, la Casa del Migrante en Saltillo denunció que al menos 10 personas migrantes fueron sorprendidas en un operativo conjunto entre agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y elementos de la Fiscalía del Estado de Coahuila, resultando un ciudadano salvadoreño muerto.

“(Los agentes) empezaron a perseguirles logrando detener a varios de ellos, entre estas a una niña con su madre quien de manera por demás cruel separaron de su bebé de aproximadamente 2 años de edad, el cual fue escondido por las demás personas migrantes en una tienda para proteger su vida una vez que asumieron que, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila les estaban disparando a matar”, relata la Casa en un comunicado hecho llegar a los medios de información.

Por lo anterior, dejaron claro que “la persecución de personas migrantes en México ha llegado a un extremo insostenible”, por lo que exigieron “un alto a la crueldad institucional que está cobrando vidas, dejando en la orfandad a niñas, niños, separación familiar y un sinfín de sufrimientos provocados por el Estado mexicano y sus instituciones”.

“Urgimos la protección máxima de todas y todos los sobrevivientes, la procuración de justicia, la reparación del daño y todas las garantías de no repetición, así como toda la seguridad para sus defensoras y defensores de derechos humanos”.

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