/ miércoles 4 de noviembre de 2020

Natural | Pesca ilegal amenaza los mares mexicanos

Una iniciativa de reforma propone que la Semar vigile a los barcos que se dedican a explotar los mares del país

Además de las tareas de prevención y combate de huachicoleo en los mares y aduanas marinas, ahora la Secretaría de Marina (Semar) tendrá que encargarse del cuidado de la pesca en los mares mexicanos, al menos eso es lo que propone una iniciativa que el grupo parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, viene impulsando desde marzo de este año.

La reforma busca frenar la pesca ilegal en los mares de nuestro país, problema que no necesariamente se logrará al trasladar esta responsabilidad del órgano civil que actualmente lo hace, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) a la Semar, considera Mariana Aziz, directora de Campañas en Transparencia personal de Oceana.

“Consideramos que una reforma que únicamente transfiere la vigilancia de una secretaría a otra, sin hacer una reforma estructural o cambios estructurales como es la que se propone realmente no contribuye al combate de la pesca ilegal que es una de las mayores amenazas que existe para la pesca mexicana y para los mares”, dice la activista.

La reforma en cuestión es a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que fue presentada en marzo de este año y sigue en su discusión.

Hay un gran número de especies protegidas que tienen esquemas diferentes a los de la pesca comercial

Entre los cambios en esta ley destaca que Conapesca dejará de ser el organismo encargado de vigilar esta actividad comercial para dejarle la responsabilidad a la Armada de México.

La propuesta de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la Secretaría de Marina podrá inspeccionar y realizar la vigilancia en el cumplimiento de la ley, así como las disposiciones que apliquen sobre la pesca, en el territorio nacional y los Tratados Internacionales que tiene el país.

Los marinos tendrán la capacidad de hacer actas de inspección en caso que detecten irregularidades administrativas o que violen la ley de forma penal y también serán los encargados de entregarlas a la autoridad correspondiente.

De acuerdo con la propuesta, la Semar también tendrá la facultad de embargar los barcos, equipos, vehículos, artes de pesca, y productos relacionados con el sector cuando lo considere necesario. La iniciativa también le da a la dependencia militar la capacidad de apoyar a los Ministerios Públicos en las investigaciones de los delitos relacionados con la pesca, en las zonas marítimas mexicanas.

Para Mariana Aziz, esta reforma no responde a las necesidades de un sector económico que carece de una política integral para aprovechar los recursos del mar sin sobreexplotar a las especies que en él habitan.

Uno de los ejemplos que pone la vocera de Oceana hay un retraso de 13 años para la publicación del Reglamento de la Ley General de Pesca, problema que se manifiesta en la falta de certeza jurídica sobre las facultades que tienen las autoridades, además de los derechos y obligaciones de los pescadores y las empresas.

"Lo primero sería tener un reglamento que defina las facultades, su marco de actuación y qué le toca a cada uno”, comenta Mariana Aziz.

¿QUIÉN PESCA QUÉ?

La experta explica que tal como está redactada la reforma, sólo propone un cambio de responsabilidades entre secretarías, no una reestructuración del sector que padece problemas que podrían persistir si no se toman en cuenta.

Uno de ellos es que en el país la recopilación de datos sobre la explotación de recursos es muy limitada. Si bien Conapesca posee información al respecto, hay algunos que son reservados por el gobierno, lo que hace imposible para un civil saber con exactitud cómo opera esta actividad en México.

Un ejemplo de ello, dice, es el Programa de Monitoreo Satelital de las Embarcaciones Pesqueras, que está a cargo de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Conapesca.

“Es el conjunto de equipos y programas de uso necesarios y en operación para brindar el servicio que será suministrado y que conforman el Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras”, es la definición que le da Conapesca en su página de internet.

Aziz dice que este programa tiene la capacidad de localizar a cada una de las embarcaciones, grandes o pequeñas, dedicadas a la pesca en aguas mexicanas, pero el registro de Conapesca apunta a que sólo dos mil de las 70 mil embarcaciones tiene instalado el equipo para la geolocalización de las autoridades.

“En Oceana le apostamos al uso de la tecnología como una de las herramientas más importantes para la inspección y vigilancia a nivel federal; sin embargo, el sistema que existe actualmente necesita ser reforzado, independiente del organismo en el que se asigne.

“No sabemos más, porque los datos son cerrados, es decir, sólo el gobierno tiene acceso sobre las embarcaciones que están pescando en nuestra zona económica”, advierte.

La vocera comenta que el problema de la pesca ilegal no se va a resolver con sólo aprobar esta reforma, e insiste que persisten fallas estructurales en la política gubernamental con un impacto grave a los ecosistemas marinos.

“La consecuencia de que no exista monitoreo de las embarcaciones es que se abre espacio a la pesca ilegal, ya que no sabemos quién está pescando ni dónde. El problema es que con la pesca ilegal tenemos explotación del mar sin registro”.

La organización propone la creación de un censo sobre las comunidades pesqueras, lo que daría más información para implementar políticas públicas que ayuden al sector y protejan la riqueza marina. Aunque, consideró, este es sólo es un paso para resolver el desafío.

CENSOS CONFIABLES

El monitoreo en tiempo real de las embarcaciones es una necesidad, pero ¿cómo saber qué embarcaciones tienen la obligación de tener esos localizadores?

“Se necesita la aplicación de un censo pesquero, porque los datos que tenemos no se obtienen por medio un censo. Esto nos permite apostar por un mejor registro pesquero”, comenta Aziz.

En 2019 Oceana publicó su Auditoría Pesquera, donde da cuenta de los retrasos existentes en los datos oficiales sobre la pesca comercial.

“Para la gestión y extracción de las 735 especies que se pescan en México, la Carta Nacional Pesquera las agrupa en 83 fichas informativas, una por cada pesquería en el país”, dijo.

Cada pesquería agrupa las especies marinas que se capturan en el país a través de la pesca.

El documento detalló que hasta el año pasado, de las 83 pesquerías, 52 son aprovechadas a su máxima capacidad, lo que representa 63 por ciento del total.

Sin embargo, advierte que 14 pesquerías, que representan 17 por ciento están en deterioro por sobreexplotación.

La consecuencia de que no exista monitoreo de las embarcaciones es que se abre espacio a la pesca ilegal, ya que no sabemos quién está pescando ni dónde. Con la pesca ilegal tenemos explotación del mar sin registroMariana Aziz / Directora de Campañas en Transparencia de Oceana

Únicamente 11 especies en el país (13%) tienen potencial para incrementar su aprovechamiento y otras seis variedades presentan un estatus desconocido, dice el documento.

El problema detectado en el estudio, es que la mitad de las pesquerías no habían sido actualizadas en seis años (el sexenio pasado por los tiempos en el que se levantó la información), mientras que los permisos para embarcaciones siguen al alza.

Al combinar estos dos datos, surge la problemática de que se sabía cuántas embarcaciones hay, pero no se sabe qué pescan ni en qué cantidades.

“Hay un gran número de especies protegidas que tienen esquemas diferentes a la de la pesca comercial. Cuando no hay seguimiento ni inspección adecuada le abrimos la puerta a la pesca ilegal”, dice Mariana Aziz.

La vocera de Oceana comenta que debe de saberse el camino de las especies pescadas, es decir, tener certeza de que lo que llega al plato de los mexicanos tenga un origen lícito. Por ello, proponen una política de sustentabilidad que dicte que la vigilancia no termine en el mar, sino en las cadenas de comercialización para sancionar la venta de productos ilícitos.

Estos son los puntos que propone Oceana, porque más allá de si es Conapesca o la Marina quien vigila los mares, lo necesario es un cambio estructural en las reglas de este sector.

“Cuando hablamos de cambios estructurales hablamos de esto, no sólo de transmitir las facultades de una autoridad a otra”, reflexiona Aziz.




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Además de las tareas de prevención y combate de huachicoleo en los mares y aduanas marinas, ahora la Secretaría de Marina (Semar) tendrá que encargarse del cuidado de la pesca en los mares mexicanos, al menos eso es lo que propone una iniciativa que el grupo parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, viene impulsando desde marzo de este año.

La reforma busca frenar la pesca ilegal en los mares de nuestro país, problema que no necesariamente se logrará al trasladar esta responsabilidad del órgano civil que actualmente lo hace, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) a la Semar, considera Mariana Aziz, directora de Campañas en Transparencia personal de Oceana.

“Consideramos que una reforma que únicamente transfiere la vigilancia de una secretaría a otra, sin hacer una reforma estructural o cambios estructurales como es la que se propone realmente no contribuye al combate de la pesca ilegal que es una de las mayores amenazas que existe para la pesca mexicana y para los mares”, dice la activista.

La reforma en cuestión es a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que fue presentada en marzo de este año y sigue en su discusión.

Hay un gran número de especies protegidas que tienen esquemas diferentes a los de la pesca comercial

Entre los cambios en esta ley destaca que Conapesca dejará de ser el organismo encargado de vigilar esta actividad comercial para dejarle la responsabilidad a la Armada de México.

La propuesta de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la Secretaría de Marina podrá inspeccionar y realizar la vigilancia en el cumplimiento de la ley, así como las disposiciones que apliquen sobre la pesca, en el territorio nacional y los Tratados Internacionales que tiene el país.

Los marinos tendrán la capacidad de hacer actas de inspección en caso que detecten irregularidades administrativas o que violen la ley de forma penal y también serán los encargados de entregarlas a la autoridad correspondiente.

De acuerdo con la propuesta, la Semar también tendrá la facultad de embargar los barcos, equipos, vehículos, artes de pesca, y productos relacionados con el sector cuando lo considere necesario. La iniciativa también le da a la dependencia militar la capacidad de apoyar a los Ministerios Públicos en las investigaciones de los delitos relacionados con la pesca, en las zonas marítimas mexicanas.

Para Mariana Aziz, esta reforma no responde a las necesidades de un sector económico que carece de una política integral para aprovechar los recursos del mar sin sobreexplotar a las especies que en él habitan.

Uno de los ejemplos que pone la vocera de Oceana hay un retraso de 13 años para la publicación del Reglamento de la Ley General de Pesca, problema que se manifiesta en la falta de certeza jurídica sobre las facultades que tienen las autoridades, además de los derechos y obligaciones de los pescadores y las empresas.

"Lo primero sería tener un reglamento que defina las facultades, su marco de actuación y qué le toca a cada uno”, comenta Mariana Aziz.

¿QUIÉN PESCA QUÉ?

La experta explica que tal como está redactada la reforma, sólo propone un cambio de responsabilidades entre secretarías, no una reestructuración del sector que padece problemas que podrían persistir si no se toman en cuenta.

Uno de ellos es que en el país la recopilación de datos sobre la explotación de recursos es muy limitada. Si bien Conapesca posee información al respecto, hay algunos que son reservados por el gobierno, lo que hace imposible para un civil saber con exactitud cómo opera esta actividad en México.

Un ejemplo de ello, dice, es el Programa de Monitoreo Satelital de las Embarcaciones Pesqueras, que está a cargo de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Conapesca.

“Es el conjunto de equipos y programas de uso necesarios y en operación para brindar el servicio que será suministrado y que conforman el Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras”, es la definición que le da Conapesca en su página de internet.

Aziz dice que este programa tiene la capacidad de localizar a cada una de las embarcaciones, grandes o pequeñas, dedicadas a la pesca en aguas mexicanas, pero el registro de Conapesca apunta a que sólo dos mil de las 70 mil embarcaciones tiene instalado el equipo para la geolocalización de las autoridades.

“En Oceana le apostamos al uso de la tecnología como una de las herramientas más importantes para la inspección y vigilancia a nivel federal; sin embargo, el sistema que existe actualmente necesita ser reforzado, independiente del organismo en el que se asigne.

“No sabemos más, porque los datos son cerrados, es decir, sólo el gobierno tiene acceso sobre las embarcaciones que están pescando en nuestra zona económica”, advierte.

La vocera comenta que el problema de la pesca ilegal no se va a resolver con sólo aprobar esta reforma, e insiste que persisten fallas estructurales en la política gubernamental con un impacto grave a los ecosistemas marinos.

“La consecuencia de que no exista monitoreo de las embarcaciones es que se abre espacio a la pesca ilegal, ya que no sabemos quién está pescando ni dónde. El problema es que con la pesca ilegal tenemos explotación del mar sin registro”.

La organización propone la creación de un censo sobre las comunidades pesqueras, lo que daría más información para implementar políticas públicas que ayuden al sector y protejan la riqueza marina. Aunque, consideró, este es sólo es un paso para resolver el desafío.

CENSOS CONFIABLES

El monitoreo en tiempo real de las embarcaciones es una necesidad, pero ¿cómo saber qué embarcaciones tienen la obligación de tener esos localizadores?

“Se necesita la aplicación de un censo pesquero, porque los datos que tenemos no se obtienen por medio un censo. Esto nos permite apostar por un mejor registro pesquero”, comenta Aziz.

En 2019 Oceana publicó su Auditoría Pesquera, donde da cuenta de los retrasos existentes en los datos oficiales sobre la pesca comercial.

“Para la gestión y extracción de las 735 especies que se pescan en México, la Carta Nacional Pesquera las agrupa en 83 fichas informativas, una por cada pesquería en el país”, dijo.

Cada pesquería agrupa las especies marinas que se capturan en el país a través de la pesca.

El documento detalló que hasta el año pasado, de las 83 pesquerías, 52 son aprovechadas a su máxima capacidad, lo que representa 63 por ciento del total.

Sin embargo, advierte que 14 pesquerías, que representan 17 por ciento están en deterioro por sobreexplotación.

La consecuencia de que no exista monitoreo de las embarcaciones es que se abre espacio a la pesca ilegal, ya que no sabemos quién está pescando ni dónde. Con la pesca ilegal tenemos explotación del mar sin registroMariana Aziz / Directora de Campañas en Transparencia de Oceana

Únicamente 11 especies en el país (13%) tienen potencial para incrementar su aprovechamiento y otras seis variedades presentan un estatus desconocido, dice el documento.

El problema detectado en el estudio, es que la mitad de las pesquerías no habían sido actualizadas en seis años (el sexenio pasado por los tiempos en el que se levantó la información), mientras que los permisos para embarcaciones siguen al alza.

Al combinar estos dos datos, surge la problemática de que se sabía cuántas embarcaciones hay, pero no se sabe qué pescan ni en qué cantidades.

“Hay un gran número de especies protegidas que tienen esquemas diferentes a la de la pesca comercial. Cuando no hay seguimiento ni inspección adecuada le abrimos la puerta a la pesca ilegal”, dice Mariana Aziz.

La vocera de Oceana comenta que debe de saberse el camino de las especies pescadas, es decir, tener certeza de que lo que llega al plato de los mexicanos tenga un origen lícito. Por ello, proponen una política de sustentabilidad que dicte que la vigilancia no termine en el mar, sino en las cadenas de comercialización para sancionar la venta de productos ilícitos.

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