/ martes 18 de julio de 2023

Persisten malas prácticas en la 4T: pagan 3.5 mil mdp en contratos a empresas nuevas

De acuerdo al índice de Riesgos de Corrupción 2023, la administración de la 4T también dio contratos por 107.8 mdp a compañías sancionadas

"El gobierno federal entregó contratos por tres mil 474 millones de pesos a empresas de reciente creación durante el año pasado, reveló un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

De acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2023, la administración de la 4T también dio contratos por 107.8 millones de pesos a compañías sancionadas y 2.5 millones a empresas fantasma.

Lee también: Más de 10 millones de mexicanos no tienen trabajo, aunque quisieran uno

“En el Gobierno Federal persisten las prácticas de contratación que obstaculizan la competencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley”, indicó el organismo en el reporte.

Microempresas como Atlantis han resultado favorecidas por el actual gobierno , a pesar de tener poco tiempo operando.

La firma, que se fundó a finales de 2019, había recibido hasta mayo de este año 16 contratos de dependencias federales como el IMSS, Nacional Financiera y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre otras, por más de cinco mil 251 millones de pesos.

De acuerdo con el Imco, el riesgo de corrupción en compras públicas del gobierno federal se incrementó durante 2022.

El informe señala que en un año, siete de cada 10 instituciones públicas aumentaron su puntaje de riesgo en el IRC con respecto a 2021.

“Entre 2021 y 2022 aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas en 184 de 260 instituciones federales y disminuyó en 76”, dice el reporte.

Una de las mayores prácticas de riesgo en las compras públicas del actual Gobierno Federal, indicó el organismo, es la falta de competencia, ya que desde 2019 las adjudicaciones directas o los concursos restringidos han aumentado mientras que las licitaciones públicas van a la baja.

Este diario publicó hace unos días que en el primer semestre de este año, la administración federal entregó casi tres cuartas partes de los contratos celebrados de manera directa, es decir, sin licitar.

De acuerdo con datos del portal Compranet, de enero a junio de este año, 73 por ciento de las contrataciones de bienes y servicios se hicieron sin concurso.


A esto, el Imco señaló irregularidades como el hecho de que de 13 mil adjudicaciones directas no contaron con el documento del contrato a disposición del público y poco más de dos mil licitaciones públicas (30 por ciento) estuvo incompleta, es decir, incumplieron con la publicación de uno o más documentos.

Añadió que cuatro por ciento de las compras públicas no contó con una liga funcional a Compranet, lo que impide conocer la información básica del proceso.

Las compras públicas son fundamentales para el funcionamiento de las instituciones del gobierno y la provisión de bienes y servicios. A su vez, son vulnerables a prácticas corruptas como el desvío de recursos, el soborno y la colusión”, aseveró el Imco en su análisis.

De acuerdo con el IRC 2023, la institución con mayor riesgo de corrupción durante el año pasado fue Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), ya que prácticamente todas sus compras públicas se realizaron a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.

En tanto, la institución que más incrementó su puntaje de riesgo fue la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, que forma parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ya que entre 2021 y 2022 pasó de 25 a 68 puntos en el IRC, debido a la falta de competencia en compras de mantenimiento de bodegas y la adquisición de material pétreo para el Rompeolas Oeste, la obra más importante que se ha realizado en el puerto en varias décadas.

El reporte destacó que las compras del sector salud se posicionaron entre las menos competitivas, ya que cerca de tres cuartas partes del monto gastado en medicamentos fue adjudicado directamente.

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Diconsa y Liconsa, empresas administradas por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), se caracterizaron por la falta de competencia en sus compras, con 90 y 82 por ciento del gasto en compras adjudicadas directamente.

“Las compras públicas deben caracterizarse por ser íntegras, es decir, por garantizar un alto nivel de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley”, subrayó.



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"El gobierno federal entregó contratos por tres mil 474 millones de pesos a empresas de reciente creación durante el año pasado, reveló un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

De acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2023, la administración de la 4T también dio contratos por 107.8 millones de pesos a compañías sancionadas y 2.5 millones a empresas fantasma.

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“En el Gobierno Federal persisten las prácticas de contratación que obstaculizan la competencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley”, indicó el organismo en el reporte.

Microempresas como Atlantis han resultado favorecidas por el actual gobierno , a pesar de tener poco tiempo operando.

La firma, que se fundó a finales de 2019, había recibido hasta mayo de este año 16 contratos de dependencias federales como el IMSS, Nacional Financiera y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre otras, por más de cinco mil 251 millones de pesos.

De acuerdo con el Imco, el riesgo de corrupción en compras públicas del gobierno federal se incrementó durante 2022.

El informe señala que en un año, siete de cada 10 instituciones públicas aumentaron su puntaje de riesgo en el IRC con respecto a 2021.

“Entre 2021 y 2022 aumentó el riesgo de corrupción en las compras públicas en 184 de 260 instituciones federales y disminuyó en 76”, dice el reporte.

Una de las mayores prácticas de riesgo en las compras públicas del actual Gobierno Federal, indicó el organismo, es la falta de competencia, ya que desde 2019 las adjudicaciones directas o los concursos restringidos han aumentado mientras que las licitaciones públicas van a la baja.

Este diario publicó hace unos días que en el primer semestre de este año, la administración federal entregó casi tres cuartas partes de los contratos celebrados de manera directa, es decir, sin licitar.

De acuerdo con datos del portal Compranet, de enero a junio de este año, 73 por ciento de las contrataciones de bienes y servicios se hicieron sin concurso.


A esto, el Imco señaló irregularidades como el hecho de que de 13 mil adjudicaciones directas no contaron con el documento del contrato a disposición del público y poco más de dos mil licitaciones públicas (30 por ciento) estuvo incompleta, es decir, incumplieron con la publicación de uno o más documentos.

Añadió que cuatro por ciento de las compras públicas no contó con una liga funcional a Compranet, lo que impide conocer la información básica del proceso.

Las compras públicas son fundamentales para el funcionamiento de las instituciones del gobierno y la provisión de bienes y servicios. A su vez, son vulnerables a prácticas corruptas como el desvío de recursos, el soborno y la colusión”, aseveró el Imco en su análisis.

De acuerdo con el IRC 2023, la institución con mayor riesgo de corrupción durante el año pasado fue Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), ya que prácticamente todas sus compras públicas se realizaron a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.

En tanto, la institución que más incrementó su puntaje de riesgo fue la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, que forma parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ya que entre 2021 y 2022 pasó de 25 a 68 puntos en el IRC, debido a la falta de competencia en compras de mantenimiento de bodegas y la adquisición de material pétreo para el Rompeolas Oeste, la obra más importante que se ha realizado en el puerto en varias décadas.

El reporte destacó que las compras del sector salud se posicionaron entre las menos competitivas, ya que cerca de tres cuartas partes del monto gastado en medicamentos fue adjudicado directamente.

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Diconsa y Liconsa, empresas administradas por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), se caracterizaron por la falta de competencia en sus compras, con 90 y 82 por ciento del gasto en compras adjudicadas directamente.

“Las compras públicas deben caracterizarse por ser íntegras, es decir, por garantizar un alto nivel de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley”, subrayó.



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