Las prácticas de la subcontratación ilegal afectan la percepción sobre los beneficios que trae este tipo de práctica empresarial, especialmente durante la crisis sanitaria por Covid-19, informó Pablo Lezama Barrera, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH).
De acuerdo con el especialista, la subcontratación ilegal favorece la evasión fiscal, la violación de los derechos de los trabajadores y la falta de registro en cualquier organismo que brinde seguridad social o créditos hipotecarios.
“Las ventajas de la subcontratación legal se acentúan en la crisis actual cuando se toma en cuenta que la empresa que ofrece sus servicios contrata a algún trabajador bajo la ley, garantizando prestaciones básicas como antigüedad, seguridad social, aguinaldo, Afore, Infonavit, licencia por maternidad, adopción o paternidad, periodo de lactancia, entre otras”, expuso.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que, de los 685 mil 840 empleos que se destruyeron entre marzo y abril debido a la pandemia, el 55% de ellos eran trabajadores menores de 29 años de edad.
Lezama Barrera expuso que el esquema de subcontratación está regulado por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, pues indicó hay un marco jurídico robusto que regula estas prácticas y establece cómo deben desarrollarse conforme a derecho.
Aclaró que empresas de todos los rubros son las que buscan estos tipos de servicios; desde empresas aeronáuticas, del sector financiero, despachos de abogados y manufacturas, esto se debe a que por lo general las empresas no se dedican a encontrar talentos, sino administrar su negocio.
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