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La imposición de precios máximos para el gas LP va a generar desabasto, un mercado negro, incrementará el desempleo, así como las desinversiones y disparará el consumo de leña, porque el usuario no va a tener acceso al combustible, advirtió Carlos Serrano Farrera, presidente ejecutivo de Asociación Mexicana de Empresas Distribuidoras de Gas LP (Amexgas).
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“La medida va a disminuir el abasto, porque va a desincentivar la distribución a las zonas lejanas donde no se alcanzan a cubrir los costos de operación y esas zonas lejanas son precisamente las de los grupos socioeconómicos más pobres, que no van a recibir el producto y van a verse obligados a utilizar la leña”, dijo el empresario en entrevista con El Sol de México.
En este sentido, precisó que 14 por ciento de los hogares mexicanos utilizan la leña y ese segmento poblacional ha estado expuesto a generar un problema de deforestación muy grande y de salud, que incluye enfermedades como enfisema o cáncer pulmonar.
En segundo término, aseguró, se van a desincentivar inversiones que son estratégicas para el país. “Son inversiones de la iniciativa privada que se han hecho de manera continua por 80 años por el sector privado”, advierte.
Según Carlos Serrano, México es el séptimo consumidor más grande del mundo de gas LP, que genera más de 200 mil empleos directos y más de 500 mil indirectos, mismos que están en riesgo, porque las empresas no tendrán incentivos para mantener sus operaciones. “Lo que más nos preocupa es que esta medida no resuelve los problemas de fondo de la industria, como el huachigas. No existe otro país en el mundo donde a una empresa del Estado le roben 30 mil millones de pesos de gas al año, lo que genera una afectación en lo económico y en la sociedad, porque genera violencia en la calle, porque los criminales necesitan asegurar las vías de distribución del combustible ilícito, generando una competencia desleal”, advierte Serrano.
El líder de la Amexgas, que aglutina a alrededor de 300 empresas del sector, comentó que desde el sexenio pasado, los costos de regulación para el sector son muy altos, pues debe pagar un peso por cada kilo de gas que vende a las autoridades por permisos.
“Las medidas no agregan valor a la seguridad y añaden un costo muy alto para empresas y consumidores”.
Carlos Serrano no descartó que las empresas, cada una por su cuenta, interpongan amparos para echar atrás esta medida que entró en vigor ayer. La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía establecieron en menos de una semana un esquema para topar los precios del combustible, debido a los incrementos en su valor de venta al público que supera 30 por ciento el último año.
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