El gobernador Alfonso Durazo Montaño firmó un acuerdo de colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para implementar en Sonora el programa Sistema de Atención de la Violencia Familiar y de Género (Salva).
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Este lunes, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fechado para el 25 de noviembre, el mandatario estatal señaló que el decreto establece esta política pública, misma que busca prevenir, atender y dar seguimiento a la violencia familiar y de género, además de proteger a las víctimas de este tipo de abuso.
Asimismo, se pretende que esta estrategia funcione en colaboración con sociedad civil organizada e instituciones gubernamentales, como las secretarías de Gobierno, Educación y Cultura, Seguridad Pública, DIF Sonora y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
“En un análisis realizado por el C5i, entre el 1 de enero al 15 de noviembre de 2021, se cuenta con un total de 3 mil 635 reportes por violencia contra las mujeres, 12 mil 415 reportes de violencia de pareja y 47 mil 328 reportes por violencia familiar”, detalló Durazo Montaño.
A esto añadió que se ha registrado un total de 65 mil 393 llamadas por violencia de género y 4 mil 496 domicilios con reincidencia; mientras tanto, 512 llamadas se han recibido por abandono de infantes, 95 por corrupción a menores y mil 408 por maltrato infantil, por lo que es necesaria la participación de diversas dependencias para afrontar este problema.
Para prevenir, se actuará por medio de los mecanismos educativos y organismos públicos y privados; además, para atender las situaciones y llamadas al 911 se activará un protocolo de emergencia.
“El objetivo es que toda llamada recibida de violencia familiar, o de género, sea atendida desde el inicio, desde su registro, y posteriormente se le da seguimiento a través de alguna de las dependencias involucradas en el programa, es decir, que no quede sólo la llamada de violencia sino que haya atención personalizada”, aseguró.
Además, se capacitará a elementos de policía estatal y municipal para atender llamadas de violencia de género o familiar, con el fin de que se garanticen los derechos humanos con perspectiva de género.
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