El déficit total al cierre del año sería de aproximadamente 8 mil 200 millones de pesos, por lo que se proyectan medidas de mediano y largo plazo, tales como contención del gasto y aplicación de acciones de austeridad, así como reorientación de recursos, afirmó Omar del Valle Colosio.
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El titular de la Secretaría de Hacienda mencionó que el déficit se ha acumulado de diferentes rubros, particularmente, del gasto operativo, además del pago a proveedores de servicios generales y deudas del anterior gobierno.
“La explicación del déficit es que sabemos que se deriva de un deficiente manejo de tesorería e inadecuado control de la programación del gasto. Este déficit operativo también se dio por la caída de participaciones entre agosto del 2020 y agosto del 2021, por efectos de la pandemia, se cayó la recaudación a nivel nacional y las participaciones se reducen”, comentó.
De tal manera, señaló que esto no considera otros adeudos que se puedan presentar, como pasivos contingentes por demandas en contra del gobierno, como laborales, administrativas o temas relacionados con el Isssteson.
Mientras tanto, Del Valle Colosio advirtió que el déficit ha venido creciendo en virtud de la revisión a las cuentas que se ha realizado desde el 13 de septiembre, donde destacó los adeudos en organismos desconcentrados, en los que se han detectado adeudos fiscales, operativos y retenciones de diferente índole.
“Sí se puede rescatar las finanzas públicas, no es un tema inmediato, es de corto y mediano plazo, donde debemos realizar tareas de carácter de flujo, administrativo, pero también institucional. Un buen gobierno ayuda a los incentivos, promueve la transparencia, rendición de cuentas y fortalece la gobernanza, si se puede monetizar la buena función pública para atraer inversiones y permitir mejores condiciones de financiamiento”, agregó el funcionario.
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Por ello, puntualizó que se necesita impulsar la contención del gasto y aplicar acciones de austeridad; reorientar el gasto inercial a inversión social y productiva; revisar contratos de proveedurías; fortalecer la recaudación y eficiencia fiscal; así como captar financiamientos competitivos.
“Las obligaciones son institucionales, pero la acción para atender esas obligaciones tiene que ser transparente y consensuada. Toda acción resolutiva velará por el financiamiento del nuevo gobierno y la cobertura del déficit, sin comprometer las finanzas públicas futuras de la entidad”, finalizó.
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