Durante el último sexenio (2018-2024), Sonora agrupa a 3.08% de las víctimas de la violencia político-criminal del país, con 54 personas afectadas, de las cuales 36 fueron asesinadas.
De acuerdo al documento Votar entre Balas, que reúne una serie de bases de datos donde se captura el fenómeno de la “violencia político-criminal”, este se entiende como el conjunto de ataques que grupos vinculados con el crimen organizado ejercen contra actores políticos, mediante los cuales buscan incidir de manera más amplia en el control de los procesos electorales, las instituciones políticas y los recursos públicos.
Este documento fue elaborado por la organización no gubernamental Data Cívica, el centro de análisis y evaluación México Evalúa y el portal noticioso Animal Político.
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Sonora ha tenido 54 víctimas de asesinato, ataques armados, atentados, amenazas y secuestros, que han afectado a autoridades de elección popular, integrantes de partido, funcionarias(os), familiares, candidatas(os), fuerzas de seguridad fuera de combate, en el lapso de 1 de enero de 2018 al 29 de abril de 2024, según el citado documento.
Las víctimas de violencia político-criminal en la entidad para el periodo se concentran mayormente en Cajeme (16), Guaymas (10), Empalme (7), Caborca (6), Ónavas (5), Bácum (3), además de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Sonoyta, Hermosillo, Soyopa, Rosario y Huatabampo (un incidente registrado en cada municipio).
En menos de seis años se suscitaron 36 asesinatos, de los cuales solo uno fue de un candidato (Abel Murrieta, de Cajeme, 2021), en tanto fueron 11 funcionarios, 2 autoridades de elección popular, 3 familiares, un integrante de partido y 18 elementos de seguridad fuera de combate.
En el lapso también se registraron 6 secuestros, 2 de funcionarios y 4 de elementos de seguridad fuera de combate, hubo dos amenazas y tres atentados, además de cinco ataques armados, de los cuales tres fueron contra funcionarios y dos contra autoridades de elección popular.
A nivel nacional, 2023 fue el año en el que registramos más víctimas de violencia político-criminal, con 575 personas e instalaciones atacadas, seguido por 2022 con 486.
La mayoría de las víctimas ocupaban o competían por puestos a nivel municipal. El 76.5% de las personas e instalaciones atacadas fueron de este nivel.
En lo que va de 2024, en el país se han registrado 20 personas precandidatas y candidatas asesinadas. Además, se registró que precandidatos y candidatos han sufrido otros tipos de ataques como (amenazas 14), (ataques armados 4), (atentados 8 ), (secuestros 10) y (desapariciones 0) en lo que va de este año.
Guerrero lidera la lista de estados con más ataques, 11.3% ocurrieron ahí. En la lista siguen Guanajuato, Veracruz y Oaxaca Estos cuatro estados representan el 37.7% de todas las víctimas registradas.
¿Y para qué tanta violencia?
Data Cívica explica que el uso de violencia contra personas candidatas es una forma de influir en resultados electorales y la consecuente elección de alcaldes que podrían darles acceso tanto a protección informal como a recursos, a la vez que pueden presionar en los próximos nombramientos clave para la actividad criminal —seguridad y justicia— y así debilitarlas simultáneamente.
En un proceso electoral, estos ataques son simplemente la cara más visible de la búsqueda del crimen organizado por incidir en la esfera política —apoyando o removiendo candidaturas—, al mismo tiempo que también afecta el proceso de organización de elecciones y moviliza o desmoviliza votantes, señala el reporte analítico Votar entre Balas.
Es en este contexto de violencia político-criminal que las autoridades electorales organizan las elecciones y el electorado decide tanto participar voluntariamente como funcionarios de casilla, como salir a votar y expresar sus preferencias.
Al respecto, la evidencia disponible señala que los aumentos en la actividad criminal en un municipio están asociados con disminuciones en el porcentaje de invitaciones que los votantes aceptan para ser funcionarios de casilla el día de la elección (Cantú y Ley, 2017), apunta el escrito.
¿Coincidencias?
Verónica Sandoval Castañeda, vocal del INE en Sonora informó recientemente que a la fecha han renunciado cuatro mil funcionarios de casillas, por diversas razones, aunque no reconoció que la inseguridad sea una de ellas.
De los 35 mil 226 nombramientos acreditados por el INE, a la fecha se han entregado 28 mil 093, lo que significa un avance por arriba del 58% de capacitaciones.
“Sin embargo, ya nos han renunciado más de cuatro mil personas, por lo que pedimos a la comunidad que participe en este proceso electoral como funcionarios de casillas”, indicó la funcionaria federal electoral.
Adicionalmente cabe mencionar que, al 24 de abril, son 10 los candidatos locales y federales los que tienen activos protocolos de seguridad, bajo diferentes esquemas que fueron determinados por las autoridades competentes.
Verónica Sandoval indicó que ante el INE se recibieron tres solicitudes, de dos candidatos al Senado y una candidata a diputación federal, pero una desistió.
Mientras tanto, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz, precisó que han recibido solicitudes de seguridad de ocho candidatos locales.
Fenómeno creciente en México
De acuerdo a los datos de estudio Votar entre Balas, de 2018 al 29 de abril de 2024 se han registrado en México 1 mil 833 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurren antes, durante y después de procesos electorales. A este tipo de violencia la denominamos violencia político-criminal.
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“En México, esta violencia se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios. Desde Data Cívica, México Evalúa y Animal Político buscamos entender mejor este tipo de violencia que amenaza a la joven democracia mexicana”, señaló.
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