Durante la conferencia ofrecida esta mañana por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, presentó un informe de seguridad pública del Gabinete de Seguridad, a casi 11 meses de gobierno.
El titular de la SSPC reconoció que nuestro país ha enfrentado una grave crisis de inseguridad con 33 millones de delitos y casi 25 millones de víctimas solo durante 2018. Asimismo, señaló que de acuerdo con cifras del INEGI, 79 por ciento de los mexicanos declaró vivir con miedo durante ese mismo año, y se recibió un país con uno de los mayores índices de corrupción a nivel mundial, al estar en el lugar 138 de 170 países.
El secretario Alfonso Durazo expresó que estas cifras informan la dimensión del reto que se enfrenta, por lo que se planteó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, que parte de la idea motriz de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Uno de los ejes, señaló, es la sustitución del uso de la fuerza policial y militar por una visión amplia para combatir la inseguridad que atienda las causas profundas que la generan. Por ello destacó el acompañamiento de una política social que va en paralelo a la política de seguridad.
Destacó que en este gobierno no se ha recibido ninguna recomendación por violaciones a derechos humanos de los cuerpos de seguridad, por lo que se dejó atrás la tortura como método para obtener información y el espionaje político.
Añadió que al hacer de la seguridad pública un espacio de neutralidad política se pudo crear la Guardia Nacional prácticamente por unanimidad, la cual contará con 140 mil elementos en 2021.
Entre otros logros subrayó las reformas a la constitución para optimizar los esfuerzos en la materia, como la modificación al Artículo 19 para incorporar delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, entre ellos el abuso o violencia sexual, el feminicidio, la corrupción, delitos en materia de hidrocarburos y el uso de programas sociales con fines electorales.
Por otra parte, se destacó la Ley de extinción de dominio, el fortalecimiento del Servicio de Protección Federal, la implementación de la Estrategia Nacional Contra las Adicciones, la aprobación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, y el congelamiento de mil 995 cuentas bancarias relacionadas con actividades criminales, que ascienden a 5 mil 182 millones de pesos y 47 millones de dólares.
El responsable de la seguridad pública en el país informó que se ha generado un punto de inflexión en la tendencia de crecimiento de homicidios dolosos y robo de vehículos. Respecto al primer delito, la tendencia de crecimiento anual se mantenía en constante ascenso: en 2015 creció en 1.1 por ciento, en 2016 fue de 2.8 por ciento, en 2017 de 1.9 por ciento, en 2018 de 0.8, y en 2019 se redujo a 0.4 por ciento. Detalló que en cinco entidades y en regiones bien identificadas se cometen el 41.5 por ciento de los homicidios en el país, por lo que el fenómeno no es generalizado.
En cuanto al robo de vehículos, explicó que en 2019 hubo una caída de 1.7 por ciento, en comparación con el 0.5% de 2018, año en que se registró el máximo histórico de 15 mil 980 unidades robadas tan solo en el mes de enero.
Respecto a las investigaciones de delitos, se reportó un aumento del 19 por ciento en la eficiencia de carpetas judicializadas y el número de sentencias condenatorias aumentó en 24.2 por ciento.
Por su parte el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, señaló que hay 70 mil 920 elementos desplegados en todo el país y explicó que con el fin de avanzar en la efectividad operativa se asignaron titulares de esta institución en cada uno de los estados, quienes participarán en las mesas de coordinación con el fin de colaborar en los operativos con las autoridades estatales y federales.
También anunció que dada la importancia que tiene el tema de los feminicidios, a partir de septiembre se incorporó el estudio y prevención de este delito en todos los programas de capacitación que se están realizando en la Guardia Nacional.
En su intervención, David León Romero, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que este año se han emitido 34 declaratorias de emergencia y 16 de desastre, lo que representa un gasto de 793 millones de pesos, cifra mucho menor que en años anteriores, y resaltó que la aplicación de estos recursos ha sido una tarea prioritaria de este gabinete.
Finalmente, informó que la CNPC tiene cinco acciones prioritarias: monitoreo, coordinación, prevención, preparación y atención de emergencias y desastres; además se ha trabajado en el Plan PrevenSismo que abarca 18 estados que presentan la mayor sismicidad en el país.
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