Representantes de trabajadores jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo acudieron al Congreso del Estado para ratificar su solicitud de realizar un juicio político en contra del alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.
Jesús Ramón Orduño García, Guadalupe Rascón Duarte, Emma Edith Sánchez y Manuel Ochoa Trujillo ratificaron ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Poder Legislativo para ratificar su solicitud de juicio político en contra del presidente municipal de Hermosillo.
Juan Francisco Alcaraz García, representante legal del grupo autorizado para aportar los medios de prueba para realizar el juicio político, mencionó que 150 jubilados y pensionados firmaron una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) en contra del Alcalde de Hermosillo.
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“Se ofrecen documentales consistentes en aproximadamente cinco actas de defunción de compañeros jubilados y pensionados, obviando sus nombres por respeto, pero deberán ser citadas y cotejadas en el departamento jurídico del Isssteson”, comentó.
Asimismo, dijo que hay pruebas en estados de cuenta, así como en el convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Hermosillo y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo.
“También estamos aportando pruebas como es la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) donde se emite una recomendación para el presidente municipal Antonio Astiazarán, entre otros. Estos documentos obran íntegramente en su aspecto original en la carpeta de investigación que se tramita ante la FAS bajo el número 503-28-263/2022”, comentó.
El representante legal de jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo solicitó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Jacobo Mendoza, que se solicite un informe a la FAS para formar una carpeta integra sobre las pruebas que se aportaron.
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Cabe recordar que desde el 14 de enero del 2022, jubilados y pensionados del Ayuntamiento se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal, donde denunciaron que se les retiraron diversos beneficios alcanzados dentro de convenios sindicales; para el 11 de abril, el alcalde Antonio Astiazarán compareció ante el Congreso, ya que no acató las recomendaciones de la CEDH, la cual consideró que se vulneraron derechos adquiridos a los trabajadores jubilados y pensionados, como canasta básica, apoyo para gastos funerarios y adquirir medicamentos y estudios.
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