Tras la difusión en redes sociales de las imágenes del cadáver de una tortuga encontrado en la costa de San Carlos, días después del derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, se determinó que el animal no murió por el desastre.
La directora del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre (CRRIFS), Elsa Coria Galindo, quien llevó a cabo la necropsia de la tortuga, informó que ésta falleció al menos una semana antes del derrame.
De acuerdo con la especialista, aunque todavía no se determinan las causas concretas de la muerte de dicho animal, los hallazgos de cadáveres de quelonios son frecuentes en la zona y tan sólo en 2018 se encontraron más de 20 tortugas muertas.
“Algunas de ellas mueren por causas naturales y otras por impactos con embarcaciones, no hay un patrón para los decesos; la que se encontró en San Carlos ya estaba muy inflada y los órganos internos estaban en descomposición”, expuso.
Durante el fin de semana se compartió por plataformas digitales la foto del cuerpo de un lobo marino, el cual supuestamente también resultó víctima del derrame tóxico, sin embargo se reveló que la imagen tenía al menos un mes de ser tomada.
NO HAY MOTIVO DE ALARMA: CIAD
La doctora Jacqueline García Hernández, coordinadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) de Guaymas indicó que el agua del mar expuesta al ácido regresó a la normalidad.
Según la especialista, se hizo un muestreo al día siguiente en cinco puntos alrededor de donde se originó el derrame y se determinó que la acidez del mar volvió a su condición habitual, por lo que no hay razón para alarmarse.
“Fue un efecto muy puntual en la zona de los muelles que probablemente afectó a los peces cercanos, pero al cabo de unas horas, el ácido se diluyó en el mar”, acotó.
Al momento no debería haber presencia del ácido en el puerto, ya que este se diluyó en el agua salada, asimismo se descartó la presencia de manchas tóxicas alrededor de la bahía.
García Hernández agregó que el CIAD estará al pendiente de cualquier situación extraordinaria, además se le dará un seguimiento para ver si hay un desprendimiento de metales en el suelo y tendrán monitoreo de la zona.
Asimismo, la mortandad de peces fue muy baja y no hay afectación para las playas ni para las personas que decidan bañarse.
HAY QUE ANALIZAR DE FONDO
Es necesario determinar cómo se modificará el lecho marino a raíz del vertimiento de ácido en el mar de Cortés, informó la investigadora de la Universidad de Sonora Reyna Castro Longoria.
La académica indicó que esta sustancia si bien se diluye, puede mezclarse con los componentes del agua de mar, lo cual ofrece elementos para pensar que la combinación alterará el ecosistema.
“(El desastre) no fue en mar abierto, donde las corrientes dispersen más y se haga menos daño, este es un lugar con una circulación lenta”, manifestó.
Indicó que por el momento se requiere hacer un análisis para determinar cuántos peces murieron y retomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir.
GRUPO MÉXICO DEBE PAGAR: GREENPEACE
Las autoridades mexicanas deben ser más estrictas con las sanciones a Grupo México debido a los desastres ambientales que ha provocado, explicó el coordinador de la campaña de océanos en Greenpeace, Miguel Rivas Soto.
El doctor en Biología indicó que la labor de la Profepa tiene que ser más allá inspeccionar y vigilar, pues no sólo debe evaluar y decir cuáles son las sanciones, sino dar los procesos penales y administrativos que impliquen demandar a la empresa.
“Que haya una remediación urgente es algo que tiene que garantizar la Profepa, ellos están para que la legislación ambiental se cumpla y por lo tanto el artículo cuarto constitucional debe hacerse efectivo”, expuso.
Asimismo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe involucrarse debido a que este problema implica aguas residuales contaminantes que se arrojan a aguas marinas y que, de acuerdo al artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales, merecen una sanción.
Lamentablemente la multa es muy pobre, pues según el especialista Grupo México sólo tendría 20 mil días de salario mínimo, aproximadamente un millón 690 mil pesos.
Rivas Soto agregó que la dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat debe asegurar que este tipo de proyectos no sigan funcionando si no son capaces de asegurar que no tendrán una afectación al medio ambiente.
“La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) tiene que entrar para prohibir, cerrar e incluso hacer que se caduquen las concesiones de esta empresa si no son capaces de funcionar de una manera adecuada”, puntualizó.
