Para fortalecer a las instancias encargadas de vigilar el desempeño de los funcionarios públicos, así como el combate a la corrupción y otras acciones para el progreso de la entidad, Alfonso Durazo Montaño presentó 13 modificaciones jurídicas ante el poder Legislativo.

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El Gobernador de Sonora expuso que con estas reformas se busca la transformación del Estado hacia un modelo de Gobierno progresista que esté enfocado en las necesidades del pueblo y no en las de grupos de poder.

“Los cambios institucionales que propongo buscan cuatro grandes objetivos: un equilibrio de poderes democrático, la institucionalización de la austeridad republicana, el combate decidido a la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones en asuntos públicos que fueron abandonados durante décadas como la movilidad, el deporte, la seguridad pública y el desarrollo sostenible”, expuso.

En lo que respecta a materia administrativa y fortalecimiento de la rendición de cuentas, el mandatario sonorense propuso que las titularidades del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) deberán tener una vigencia de seis años para evitar el encubrimiento e impunidad en actos de corrupción de administraciones salientes.

Además de esto, contempla que el Congreso del Estado será el encargado de la elección del titular del ISAF, así como de los Órganos Internos de Control (OICs) de organismos autónomos, quitando esta facultad a los titulares de las mismas dependencias.

Otra propuesta es que el Congreso del Estado, junto al Ejecutivo, definirán directamente la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, el cual en la actualidad está en manos del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

Sobre el ejercicio público y combate a la corrupción, Alfonso Durazo Montaño declaró que entre sus modificaciones se encuentra una en la Ley Anticorrupción para que las observaciones realizadas por las instituciones del Sistema Estatal Anticorrupción sean vinculantes a procesos legales.

Aunado a esto, dijo que estará abierta para las denuncias y señalamientos de la ciudadanía, reducirá las percepciones de quienes integran el Consejo de Participación Ciudadana y hará públicas, mediante emisiones en canales oficiales, sus sesiones de trabajo y toma de decisiones.

De igual forma, presentó el andamiaje jurídico para la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado de Sonora, modificaciones al Código Penal del Estado para incrementar los tiempos de prescripción de delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y otros; y propone facultar a la Secretaría de la Contraloría para la suspensión de contratos y obras donde se detecten posibles daños patrimoniales.

Durante el evento de presentación, resaltó que para vigilar el correcto desempeño de la función pública se derogará la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado para dar lugar a la Ley de Responsabilidades y Sanciones, que incrementa la temporalidad en la prescripción de delitos cometidos por servidores públicos.

Añadió que a la par aumenta las sanciones por nepotismo, enriquecimiento ilícito y omisión de cuotas al Isssteson, mismas que serán faltas graves; mientras que estipula sanciones o bajas para quienes no presenten sus declaraciones patrimoniales.

El Gobernador también comentó que esta legislación se verá complementada, a su vez, con la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establecerá las bases para que los salarios de los integrantes del gobierno estatal no rebasen los ingresos que perciba el titular del Ejecutivo.

“Las modificaciones propuestas son reformas de largo aliento que buscan dejar una arquitectura institucional diseñada con una visión de Estado, lo suficientemente sólida para que nuestro gobierno y las futuras administraciones cuenten con instrumentos normativos que faciliten el cumplimiento de sus responsabilidades”, compartió.

Reformas institucionales

De igual forma, en una serie de modificaciones institucionales, Durazo Montaño presentó la propuesta para la integración de la Codeson dentro de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), lo que favorecerá a ambas instituciones con una labor conjunta.

También destacó la necesidad de atender el rezago histórico en materia de transporte mediante la fusión de la Dirección General del Transporte y el Fondo para la Modernización del Transporte en una sola entidad: el Instituto de Movilidad y Transporte.

Planteó la desaparición de la Secretaría Técnica para dar paso a una Oficialía Mayor que, junto a la Contraloría, creará estrategias de optimización del gasto y el uso de recursos.

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Por último, presentó la propuesta de una Ley para el Desarrollo Sostenible, que dará al Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora la misión de promover el equilibrio económico y el desarrollo sostenible mediante la coordinación interinstitucional con los diversos organismos de la administración pública estatal.

“En lo inmediato, las y los sonorenses se beneficiarán con un gobierno austero que concentra los recursos públicos en proyectos, programas y acciones que benefician a la mayoría y a los más necesitados”, culminó el mandatario.