Aunque los programas internos de protección civil (PIPC) y los dictámenes de seguridad son obligatorios para empresas e instituciones, hay resistencia por parte de los sujetos obligados por que lo consideran un requisito costoso.
Mientras los PIPC son de incumbencia estatal, los dictámenes de seguridad son responsabilidad municipal, pero en ambos casos, se trata de medidas establecidas en la legislación, tanto estatal como federal, cuyo cumplimiento es supervisado en ambos niveles de gobierno.
Jesús Guillermo Moreno Ríos, ex coordinador de Protección Civil Municipal y actual asesor en esta materia, consideró que el número de empresas que cuentan con dictámenes de seguridad si mucho llega al 3% en Hermosillo y una cantidad similar se registra en materia de PIPC a nivel estatal.
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En Sonora, actualmente hay tres mil 629 sujetos obligados que tienen vigente su Programa Interno de Protección Civil, de los cuales 3 mil 112 corresponden a revalidaciones y sólo 517 responden a programas de nuevo inicio. Además en lo que va del año se han aprobado 46 programas especiales de protección civil para eventos varios. En total se tiene registro de 3 mil 675 PIPC para lo que va del año.
La cifra total proporcionada por la Coordinación Estatal de Protección Civil es menor al total de 2022, cuando se registraron 4 mil 603 PIPC, de los cuales 48 fueron especiales; 2 mil 943 fueron revalidaciones y mil 612 fueron de nueva instrumentación, más de tres veces los registros nuevos de 2023.
En 2021, al inicio del actual sexenio, se tuvieron 2 mil 839 revalidaciones de PIPC y 533 nuevos registros, así como cuatro programas especiales para eventos, para un total de 3 mil 376 programas en operación.
Más que un requisito
“Los programas de protección civil son obligatorios por ley en Sonora, tanto por la legislación local como por ley federal. Sin embargo, los programas internos son para que los negocios puedan operar y se tramitan cada año”, aseveró Guillermo Moreno Ríos.
Explicó que la licencia de funcionamiento que es responsabilidad de los municipios pero exige como requisito para poder obtenerla, tener instrumentado un programa interno de protección civil.
“El Programa Interno de Protección Civil (PIPC) es para poder identificar todos los riesgos posibles dentro de las empresas e instituciones para poder hacer modificaciones físicas de los inmuebles o adecuaciones con el personal, incluyendo la capacitación del mismo”, detalló.
Indicó que en una primera etapa, el PIPC incluye los elementos de prevención para en caso de que se presente alguno de los fenómenos de riesgo, para que el personal tenga la capacidad para hacer frente al mismo, principalmente en relación a sus efectos.
“Una segunda etapa de los PIPC son los protocolos para actuar en caso de emergencia. De nada sirve tener un extintor puesto en la pared si nadie sabe usarlo o que hacer en el momento dado de un incendio, para lo cual hay varias capacitaciones”.
Una tercera etapa es darle continuidad a la empresa o la institución, es decir —explicó—, qué sigue después del siniestro, como seguir funcionando, incluyendo la cuestión del seguro, el cálculo de las pérdidas, el tiempo que tardará en volver a operar y los costos asociados, incluso se tiene que prever si el daño es indirecto, o sea, si el fenómeno afecta a una empresa proveedora o que forme parte de la cadena de suministros.
Los fenómenos perturbadores son seis, que van desde los geológicos, (sismos, volcanes, colapsos, etc.), los fenómenos meteorológicos (huracanes, inundaciones, sequías, heladas); los fenómenos químicos-tecnológicos (incendios, explosiones, derrames químicos), fenómenos sanitarios-ecológicos (pandemias, epidemias); socio-organizativos (robos, asaltos, secuestros, manifestaciones, eventos masivos, secuestro de un avión, una bomba molotov, etc.) y finalmente los fenómenos astronómicos (una tormenta solar, por ejemplo), puntualizó.
Es más costoso no tenerlo
Guillermo Moreno Ríos consideró que la gente está consciente de la necesidad de los PIPC, pero regularmente no lo quieren hacer porque consideran que es costoso. Pero aquí cabe destacar que esta disposición es obligatoria y nunca habrá los inspectores suficientes para dar seguimiento a que todos cumplan con esta obligación, argumentó.
“El hecho que no tengas un PIPC en la empresa es una agravante en caso de un accidente y presupone que la empresa no está capacitada para seguir operando porque se pone en riesgo la seguridad de las personas”, advirtió el ex funcionario municipal.
Detalló que el costo de elaborar un PIPC varía desde los 10 hasta los 40 mil pesos, dependiendo del tamaño de la empresa. Explicó que una empresa con más de mil 500 metros cuadrados de operación es responsabilidad de la Coordinación Estatal de Protección Civil; si son más de 50 personas por hora de afluencia masiva, son de ámbito estatal.
“Asimismo el grado de riesgo, si se tiene más de dos mil kilos de material que pueda ser inflamable, los giros de restaurantes con alcohol y los giros educativos son 100% del Estado”, añadió.
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El dictamen de seguridad es responsabilidad del Gobierno municipal y en algunos casos, cuando hay un Programa Interno de Protección Civil se hace válido el dictamen de seguridad, pero tener este no exime de la obligación de tener el PIPC.
Ante la cuestión de si los sujetos obligados cumplen, Moreno Ríos consideró que “en el municipio no creo que llegue al 3% de los sujetos obligados que cuenten con el dictamen de seguridad. Y esto es por ignorancia, por desidia y por corrupción, la fórmula perfecta para el desastre”.
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