De dos a doce años de prisión para quienes utilicen vehículos arrendados para cometer delitos, o para quienes vendan la unidad rentada con documentación falsa, fue la propuesta presentada este martes ante el Congreso del Estado.
Durante la sesión ordinaria de este 6 de septiembre, el diputado Ernesto de Lucas Hopkins presentó la iniciativa ciudadana ante el Pleno del Congreso local, misma que fue propuesta por integrantes del gremio empresarial dedicados a la renta de vehículos, específicamente de la Asociación Sonorense de Empresas Arrendadoras de Vehículos.
“Esta es una muy sentida causa que desde hace tiempo todos los empresarios que se encuentran asociaciones y coordinados en esta organización han venido señalando, esta iniciativa no tiene una sola coma movida, es una propuesta 100 por ciento ciudadana, elaborada, cabildeara y estudiada por la coordinación de la asociación y por ello creo que dentro de la figura de Parlamento Abierto tenemos la obligación de terminar de estudiarla y de reconocer lo que ellos mismos nos están pidiendo”, comentó.
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En ese sentido, puntualizó que se socializará con colegios de abogados, académicos, autoridades responsables y con el Poder Judicial del Estado, pues durante el último año se han presentado alrededor de 150 casos donde se han utilizado vehículos rentados para cometer secuestros, robos, tráficos de armas, tráfico de personas, entre otros delitos, relacionados principalmente al crimen organizado.
“Lo anterior, con una afectación a decenas de empresas de arrendadoras de vehículos ocasionando un daño patrimonial de cerca de 40 millones de pesos y el daño a particulares en los casos de disposición parcial o total de la unidad automotriz en los casos de venta”, señaló el diputado.
De tal forma, se propuso la adhesión de dos artículos al Código Penal del Estado, para que “a quien rente uno o varios vehículos desviando su uso para el que le fue entregado por el arrendador y lo utilice para la comisión de un delito o delitos, se le impondrá la pena de dos a diez años de prisión”.
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Asimismo, “a quien rente un vehículo y sin consentimiento del arrendador disponga en partes o en su totalidad ostentándose como propietario o, en su caso, utilizando documentación falsa para venderlo o lleve a cabo algún otro acto de disposición, se le impondrá una pena de dos a doce años de prisión”.
Mientras tanto, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y posterior dictaminación.
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