Pobladores del Río Sonora mantienen vigente la esperanza de que, tanto autoridades como representantes de Grupo México cumplan con las promesas hechas para mejorar la condición de vida de los más de 22 mil habitantes que se vieron afectados con el ecocidio que se rregistró el 6 de agosto del 2014.
A casi nueve años de la contingencia que se dio por el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de metales pesados que mantenía el consorcio, concentrados en la mina Buenavista del Cobre en Cananea, y que fueron vertidos en ese cauce, todavía existen serias afectaciones en la salud de las personas y del entorno.
El Sol de Hermosillo realizó un recorrido por varios municipios de esa región y platicó con habitantes, investigadores y especialistas, quienes coinciden que el riesgo sigue latente, debido a que no se han realizado acciones y proyectos que fueron anunciados cuando recién pasó este incidente.
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Dentro de los más propensos a sufrir daños en su salud son los niños, comentó Martha Patricia Velarde Ortega, integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora, quien alertó a las autoridades que se ha detectado que el recurso hídrico que hay en las escuelas de educación básica no es óptimo para consumo de los menores, sin embargo, a pesar del llamado que han hecho a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) no han tenido respuesta.
“A casi nueve años no hemos mejorado, porque estamos en la misma situación que al inicio o mucho más grave. Quedó demostrado que los grupos que estamos en la defensa de los derechos humanos afirmamos que el agua sigue contaminada, que había unos daños muy fuertes a la salud; quedó demostrado por los resultados que las propias autoridades obtuvieron. Los niños siguen bebiendo agua contaminada en los bebederos de las escuelas, sin embargo, el secretario de Educación en el Estado (Aarón Grageda), dice que desconoce totalmente, que no está informado que haya algún problema”, condenó, a pesar que se ganó de un amparo que le ordena a esa autoridad a que se cerciore que se dote de agua de calidad a los estudiantes.
Este tipo de casos confirman, apuntó, que existe una desatención de lo que es una catástrofe ambiental muy fuerte, básicamente por la actividad industrial de la cual proviene, una minería que opera a cielo abierto, sin las regulaciones pertinentes.
“No se ha cumplido con el plan, en las mesas de negociación que celebramos frecuentemente con las autoridades tenemos puras promesas, hay un Plan de Justicia al que no se le mete presupuesto y viene quedando en la misma”, lamentó la oriunda de Baviácora.
Atribuyó que, a partir de la falta de asignación de recursos no se han podido rehabilitar las seis plantas potabilizadoras, con excepción de la que está en Ures que entrará pronto en funciones, además de la poca voluntad de los gobernantes de distintos niveles por realmente contribuir para que se avance en el resarcimiento de los daños ambientales y humanos.
“Nuestra preocupación es que vuelvan a gastar todo ese montón de millones y se queden tirados como esas seis plantas que están sin funcionar”, fustigó, al no ver un cambio sustancial en este y otros temas.
Dado que los residentes de las siete localidades no cuentan con una clínica especializada para detectar enfermedades epidemiológicas, luego de que la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora (Ueveas) fuera cerrada desde hace años, exigen que se retome ese centro, pero con especialistas que les ayuden verdaderamente a tratar los males que los aquejan derivados por la contaminación.
“Es indignante, la Cofepris firmó un convenio después de haber emitido una orden administrativa para que se creara la Uveas y operara por 15 años, hasta el 2029, pero se ocultó información durante cinco años, se denunció ante las instancias correspondientes por la omisión, bajo el argumento que no tenían facultades para renovar convenio”, cuestionó Velarde Ortega.
El último estudio que se les realizó fue en noviembre del 2021, pero los resultados los obtuvieron hasta mediados del 2022, para detectar metales en sus organismos y resultó que el 99% de las personas concentran al menos plomo en su sangre que en altas cantidades llega a poner en riesgo sus vidas, al provocarles diversos tipos de cáncer, afectaciones en el riñón, hígado y otros órganos.
Sin expedientes clínicos
Una acción urgente que solicitan los ribereños es que se les conformen expedientes con sus reportes médicos, al sólo haber historiales clínicos muy precarios, bajo el argumento de que al darse la centralización de los servicios médicos no se han podido dar ese paso por parte de las autoridades, sin embargo, se tienen identificados a 654 afectados de los que se conoce su nombre, domicilio y a qué institución médica pertenecen.
La investigadora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Reina Castro Longoria también confirma que, con base a estudios realizados en años anteriores y cifras oficiales expuestas por la Semarnat, se mantiene activa la contaminación en toda esa zona.
“Estamos en una esta etapa donde es imposible la negación de un impacto que transcurre y que todavía no hay medidas fuertes como es la atención a la salud. Agua limpia, todavía no tienen, les falta un hospital, hay exigencias con promesas incumplidas. Prometieron 32 plantas, pero se está lejos de esa meta”, manifestó la doctora.
También puso sobre la mesa el que se realicen acciones concretas para saber con exactitud cuántos casos de cáncer hay y que están incrementándose, así como de diabetes, enfermedades del riñón, hígado, vesícula, huesos o incluso a nivel cerebral.
Pero el peligro no para, al revelar que existe un nuevo riesgo con la presa de jales en Cananea, que usa el consorcio minero para concentrar los residuos químicos, que presenta fisuras ya expuestas a los representantes de la empresa, pero que todavía no toman cartas en el asunto para prevenir una nueva catástrofe ambiental en esa misma zona.
Toda la evidencia fue llevada hasta la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México el año pasado, recordó, recolectada por activistas y la propia población, pero no hay reacción de las autoridades.
“La amenaza está fuerte, latente, no es por escandalizar. Ya lo dijeron investigadores del CIAD que si llega a presentarse un sismo todo eso (materiales) viene para acá (Hermosillo)”, alertó.
Piden retomar proyecto de la Uveas y reubicarla
La rehabilitación de la Uveas es una asignatura pendiente, consideró el alcalde de Ures, José Manuel Valenzuela Salcido, debido a que todavía hay personas que enferman por la contingencia y al no contar con un lugar especializado, se ven en la necesidad de tener que enviarlos a la capital para ser asistidos.
“No se ha reactivado (Uveas), lo que hacemos es que si hay casos críticos o personas que tengan molestias o enfermedades se los turnamos directamente a ellos. Se necesita, todos los presidentes municipales del Río proponemos, que se instale en Aconchi o Huépac para que esté en un punto céntrico”, externó el munícipe.
Afirmó que está al pendiente de que se concluya con la instalación de la potabilizadora para que se pueda disponer de agua limpia y sin contaminantes que afecten a la población.
“Hay avances en la potabilizadora que se puso en San Rafael, ya la están empezando a operar, se le pone paneles solares para que no consuma mucha energía. Hay algunas personas que siguen diciendo que tienen problemas, pero se han turnado a Hermosillo, allá los canalizamos para que se hagan análisis o a Grupo México”, concluyó.
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El próximo 6 de agosto se tienen planeadas en Hermosillo actividades referentes al noveno aniversario de la contingencia, donde integrantes de los comités de Cuenca y ciudadanos solidarizados con la situación harán protestas pacíficas y algunos otros eventos para recordarle a la comunidad que aún prevalece la problemática y que también se sientan parte de este caso, debido a que esta capital no está ajena de padecer afectaciones por esa misma causa en un futuro, ya que el cauce del Río Sonora llega a la presa El Molinito y otras zonas aledañas de las que se toma el recurso hídrico para abastecer a ciertos sectores.
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