En atención a los planteamientos que hicieron representantes de colectivos de madres buscadoras en Sonora al candidato Manlio Fabio Beltrones Rivera, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez presentó una propuesta que busca que dichos grupos se adhieran a la Comisión Nacional de Búsqueda.
La intención es que se les reconozca el esfuerzo que hacen los familiares de personas desaparecidas, por tratar de encontrar a sus seres queridos o también llamados "tesoros", pues a nivel nacional se tiene el dato que existen 313 mil 751 individuos de los que se desconoce su paradero, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
En el caso de Sonora se tiene un listado de 5 mil 015 hombres y 2 mil 376 mujeres de los que no se sabe su ubicación, cuyos periodos van desde meses hasta años de desaparecidos.
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“La realidad lastimosa es que las familias de las víctimas de desaparición son quienes, ante la inacción del Estado, se ven obligadas a realizar las funciones que le corresponden a las autoridades. Son ellas quienes buscan a sus seres queridos con sus propias manos y pocas herramientas. Esta situación no solo es injusta, sino que también es inhumana; las familias de las víctimas ya están soportando un dolor inmenso, y no deberían tener que cargar además con la responsabilidad de la búsqueda y la investigación y mucho menos exponerse a los riesgos”, manifestó la actual vicepresidenta del Senado.
Sostuvo que la iniciativa también incluye la creación de programas de trabajo temporal para los familiares de personas no localizadas por la instancia designada, en este caso la Comisión de Búsqueda.
También se establece protección para los familiares auxiliares, quienes suelen sumarse a las actividades de los colectivos, además de seguros de vida durante el tiempo de su encargo y las herramientas que requieran para los rastreos.
Otro aspecto importante de la propuesta es que se disponga de datos genéticos para la identificación humana de los cadáveres que se encuentran en los servicios forenses estatales.
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De aprobarse, las Fiscalías deberán presentar un informe cada año ante el Senado en el que se detallen las actividades realizadas que se integrarán al Banco Nacional de Datos Forenses para tener disponible todo lo referente al tema.
“Con estas medidas se ofrece una respuesta justa y necesaria del Estado mexicano, enfocándose no solo en la reparación del daño, sino también en la prevención de futuros perjuicios a quienes llevan a cabo esta valiosa y ardua tarea”, exclamó Beltrones Sánchez.
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