Para combatir el tráfico de personas, el Gobierno de Sonora y autoridades estadounidenses acordaron implementar acciones contundentes para erradicar esa práctica en ambos lados de la frontera.
En el marco de la segunda reunión binacional que encabezó el gobernador Alfonso Durazo, se trabajó en planes para atender la situación migratoria, debido a que es esta entidad uno de los principales puntos de cruces de los indocumentados que buscan el sueño americano.
El mandatario estatal refirió que la atención a migrantes es uno de los temas prioritarios que se analizan en la Mesa Estatal de Seguridad.
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En dicho grupo de trabajo en el que participan representantes de los distintos niveles de gobierno se evalúan necesidades elementales como la contención, seguimiento a peticiones de retorno de personas a sus lugares de origen y trato humanitario para quienes deseen esperar por asilo en Estados Unidos, así como el emplearse de forma temporal, apuntó.
Debido a este escenario, se tiene como meta hacer desde el gobierno sonorense una reforma a la Ley de Migración, respaldada por los demás estados que conforman la región del Mar de Cortés, para que faciliten pruebas y que comprueben los delitos que cometen los criminales con el manejo de seres humanos y se le apliquen sanciones irreversibles.
En la reunión participaron Karim S. Qureshi, cónsul general interino de Estados Unidos en Hermosillo; Bobby García, agregado de CBP en la embajada de Estados Unidos en México; Deborah M. Mcfarland y el cónsul general de Estados Unidos en Nogales.
Como representantes de gobierno federal y estatales estuvieron Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (Inami); Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno; Bernardeth Ruiz Romero, titular de la Oficina de Atención a Migrantes y Lorenia Valles Sampedro, directora del DIF Sonora.
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Se acordó junto a los diplomáticos de la embajada estadounidense en México y mandos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés) que se atienda la parte humanitaria y también la modificación al marco jurídico para combatir a las organizaciones criminales que trafican migrantes.
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