Un total de seis ex funcionarios estatales de la pasada administración ya fueron vinculados a proceso por estar relacionados a uno de los casos principales de presunta corrupción dentro de la Secretaría de Salud, confirmó el contralor, Guillermo Noriega Esparza.
Dado a que el daño al erario público en esa dependencia asciende a los 100 millones de pesos, se llevan a cabo las indagatorias para encontrar elementos que involucren a otras seis personas que laboraron en esa dependencia antes del 2021.
"Tenemos, derivadas de nuestras auditorías, seis personas vinculadas a proceso, seis servidores públicos que al día de hoy enfrentan un proceso judicial de un asunto mayor", detalló.
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En uno de los expedientes se tiene un posible quebranto de 65 millones de pesos, pero hay otros en los que también se indaga la responsabilidad de más servidores públicos que pudieran estar relacionados, comentó.
Haber realizado transacciones con empresas falsas o "fantasma" es uno de las irregularidades que se han encontrado en las revisiones, por ello es que al detectarlas se han turnado a la Fiscalía Especial Anticorrupción para su manejo, donde se relaciona a personal que va desde nivel Secretario, Subsecretario, Directores de área, entre otros.
"Los jueces han dado prisión preventiva o justificada a varios de ellos, que llevan su proceso, unos en libertad y otros en prisión. Las que están ahorita son de la Secretaría de Salud y es por la simulación de operaciones con una empresa que se le pagaron servicios que no se prestaron", externó.
Con respecto a las presuntas anomalías detectadas en el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) durante la gestión de Cuauhtémoc Galindo, quien renunció junto a sus colaboradores cercanos en mayo de este año, evitó hablar del tema por ser un proceso que está a cargo de la FAS.
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"No puedo hablar de una investigación en proceso, está eso en la FAS, así como en este caso hay datos donde no solo auditamos sino también revisamos y denunciamos; la instrucción del Gobernador es precisa, todo lo que procede es a rajatabla, no hay visión política ni a favor ni en contra", pronunció.
Dejó en claro que la indicación solicitada por el gobernador Alfonso Durazo es que se recupere lo que se haya tomado del erario público para beneficio personal.
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