Para abatir la impunidad, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en su Sexto y último Informe de Gobierno, enlistó las diversas reformas constitucionales y legales que contribuyeron a la instrumentación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Entre las leyes más destacadas están: Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.
Otro decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de delitos carreteros.
La expedición de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El Sexto Informe de Gobierno del presidente Peña Nieto también destaca el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.
Se incluyen cambios significativos en la protección de la creatividad, así como en diversos trámites, tarifas y definiciones de algunas figuras de protección. Y un decreto por el que se reforma la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
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