Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, dio a conocer que actualmente investigan los patrimonios de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, y del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por el desvío de recursos públicos, sin embargo, evitó dar detalles para no entorpecer las investigaciones en contra de los funcionarios públicos.
“Sí existen verificaciones patrimoniales restaurables a Rosario Robles y Emilio Lozoya, pero están en etapa de aclaraciones, acorde a la etapa de defensa”, explicó.
"No habrá impunidad en caso Odebrecht, Paso Express y Fideicomisos"
Durante una comparecencia de poco más de seis horas ante las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, Gómez González apuntó que por su parte, no habrá impunidad en el caso Odebrecht, Paso Express, la Estafa Maestra y los Fideicomisos para los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre; luego de que los legisladores reclamaron que a la fecha no se han emitido sanciones penales contra los funcionarios públicos implicados en los casos de corrupción.
Ante ello, Gómez González señaló que su competencia solo refiere a sanciones administrativas y demandó que se fortalezcan las leyes en esa materia, para fortalecer las averiguaciones en los casos de corrupción.
"Únicamente puedo decirles lo que la SFP ha hecho"
“Sí lamento, y es que en parte la solidaridad de que ustedes quisieran ver concluidos de una manera global estos asuntos, pero únicamente yo en este recinto puedo señalarles lo que la Secretaría de la Función Pública ha hacho en estos lamentables casos”, dijo la secretaría tras los reclamos.
Asimismo luego de que el diputado Alfredo Porras acusará a la secretaria de la Función Pública de no cumplir en el esclarecimiento en el caso Ayotzinapa, Arely Gómez también aseguró que agotó todas las líneas de investigación como procuradora General de la República y prometió que actuará con la mayor responsabilidad en los últimos 40 días que le quedan en la administración Pública Federal.
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