/ domingo 26 de noviembre de 2023

Trece entidades, sin unidad antifeminicidio

La Conavim reconoce que para crear esas unidades no sólo basta la determinación del gobierno federal, sino que se requiere de la voluntad de las autoridades locales, como ocurrió en Hidalgo

El gobierno federal identificó que 13 entidades en el país carecen de Unidades de Análisis y Contexto para Violencia Feminicida (UAyC) en las procuradurías o fiscalías para la atención coordinada y oportuna de ese delito, a fin de que no queden en la impunidad, señala un documento de la Secretaría de Gobernación.

Según la Guía para la creación y funcionamiento de las unidades de análisis y contexto para atender la violencia feminicida y el feminicidio, elaborada por la Secretaría de Gobernación, las entidades pendientes de crear esas unidades son Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

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Aunque la guía también incluye a Veracruz, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) explicó que la entidad ya instaló su unidad para atender los feminicidios. El documento afirma que contar con una Unidad de ese tipo es un primer paso para dar respuesta a varias medidas señaladas en las resoluciones de las alertas de género para orientar a otras instancias de gobierno sobre las medidas de prevención e intervención ante la violencia feminicida y, por lo tanto, coadyuvar con el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

A fin de que el Estado mexicano dé atención especializada a las víctimas en situación de violencia, se busca crear o fortalecer estas Unidades para que sean “las instituciones responsables de la investigación y sanción respondan de manera coordinada y oportuna ante esta forma de violencia”.

Definió que la violencia feminicida se entreteje con la discriminación y la violencia estructural que enfrentan las mujeres, y “aunque se tienen esfuerzos institucionales significativos en el país, persisten las tasas de feminicidio y casos que sacuden a la población”.

Los desafíos en las estrategias de prevención, aseguró, “son grandes y también lo es la respuesta del sistema de justicia penal en la investigación y el abatimiento de la impunidad”.

La Comisión reconoce que para crear esas unidades no sólo basta la determinación del gobierno federal, sino que se requiere de la voluntad de las autoridades locales, como ocurrió en Hidalgo.

“Es importante resaltar que se trata de una estrategia que no sólo es necesaria en las entidades con AVGM, pues como demuestra el estado de Hidalgo que a pesar de no tener este mecanismo de alerta han creado su propia unidad, consolidando el compromiso gubernamental con los derechos humanos”, señaló.

De las cinco acciones a desarrollar por las entidades federativas en el ámbito de la justicia penal para atender los feminicidios, y puedan operar de forma adecuada las 25 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en 22 entidades, la Secretaría de Gobernación señaló que se requiere “la revisión de casos para abatir el rezago y la observancia de la debida diligencia” en los estados de Baja California, Chiapas, Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Zacatecas”.

De esas ocho entidades con el mayor rezago en la atención de expedientes de denuncias y la falta de procedimientos para que se aplique la debida diligencia y evitar que queden en la impunidad, se puede observar que cinco de esas entidades también tienen altos índices de feminicidios. A partir de cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el reporte de septiembre ubicó al Estado de México, Chiapas, Morelos, Nuevo León y Baja California como las entidades con mayor número de casos. La Guía elaborada bajo la promoción de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob, la Conavim y las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las entidades refiere que existen cinco acciones que coadyuvan a que las alertas de Género operen como fueron concebidas para prevenir o atender las violencias contra las mujeres o el feminicidio.

La Conavim refiere que “el principal desafío que hoy enfrentamos en el ámbito del acceso a la justicia, reparación del daño y no repetición es el abatimiento de la impunidad, principalmente, en los casos de feminicidios y homicidios dolosos cometidos contra niñas y mujeres”.

Para hacer frente a los 7 a diez feminicidios que ocurren a diario en México el diagnóstico en ese documento también señala que se requieren elaborar diagnósticos estadísticos para constituir los “semáforos” de feminicidio que permitan ubicar zonas de prioridad en 16 entidades, 13 de ellas gobernadas por Morena, entre ellas, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

Chiapas al alza con casos de feminicidio; mujeres protestan /Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

En la Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Veracruz se requieren acciones para “fortalecer las fiscalías especializadas” ante las denuncias de feminicidios.

Otro de los instrumentos para ubicar zonas prioritarias de atención para prevenir las violencias contra las mujeres es la georreferenciación del feminicidio y ahí la Conavim detectó que Baja California, Campeche, Colima, Durango, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí tienen pendientes este mecanismo.

Al abordar la estadística nacional la Guía señala que en los últimos ocho años el reconocimiento de los feminicidios en los expedientes judiciales en el país creció cinco puntos en promedio.

Mientras en el período comprendido de 2015 a mayo de 2023, en promedio, 25 por ciento de las muertes violentas de mujeres fueron clasificadas como feminicidio, mientras 75 por ciento restante lo fueron como homicidio doloso en 2015 la categorización de feminicidio/homicidio doloso en 2015 la proporción fue de 20 por ciento feminicidios y 80 por ciento homicidios dolosos. “La realidad que estos datos muestran es la de un gran desafío en el desempeño de la procuración de justicia de las entidades federativas”, señala.

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El documento que la Conavim concluyó en agosto refiere que “durante el primer trimestre del 2023 se cometieron 2.31 presuntos feminicidios en promedio por día”. La modalidad ha sido: arma de fuego, 28.5 por ciento de los casos. arma blanca en 21.2 por ciento, otro elemento en 43.9 por ciento de los casos. En tanto que no logró especificar la modalidad en 6.4 por ciento de los casos.

Por rango de edad 84 por ciento de las víctimas de feminicidio fueron mujeres de 18 años o más y 9 por ciento fueron niñas y adolescentes; en 7 por ciento de los casos no se logró determinar la edad de las víctimas.

El gobierno federal identificó que 13 entidades en el país carecen de Unidades de Análisis y Contexto para Violencia Feminicida (UAyC) en las procuradurías o fiscalías para la atención coordinada y oportuna de ese delito, a fin de que no queden en la impunidad, señala un documento de la Secretaría de Gobernación.

Según la Guía para la creación y funcionamiento de las unidades de análisis y contexto para atender la violencia feminicida y el feminicidio, elaborada por la Secretaría de Gobernación, las entidades pendientes de crear esas unidades son Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

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Aunque la guía también incluye a Veracruz, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) explicó que la entidad ya instaló su unidad para atender los feminicidios. El documento afirma que contar con una Unidad de ese tipo es un primer paso para dar respuesta a varias medidas señaladas en las resoluciones de las alertas de género para orientar a otras instancias de gobierno sobre las medidas de prevención e intervención ante la violencia feminicida y, por lo tanto, coadyuvar con el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

A fin de que el Estado mexicano dé atención especializada a las víctimas en situación de violencia, se busca crear o fortalecer estas Unidades para que sean “las instituciones responsables de la investigación y sanción respondan de manera coordinada y oportuna ante esta forma de violencia”.

Definió que la violencia feminicida se entreteje con la discriminación y la violencia estructural que enfrentan las mujeres, y “aunque se tienen esfuerzos institucionales significativos en el país, persisten las tasas de feminicidio y casos que sacuden a la población”.

Los desafíos en las estrategias de prevención, aseguró, “son grandes y también lo es la respuesta del sistema de justicia penal en la investigación y el abatimiento de la impunidad”.

La Comisión reconoce que para crear esas unidades no sólo basta la determinación del gobierno federal, sino que se requiere de la voluntad de las autoridades locales, como ocurrió en Hidalgo.

“Es importante resaltar que se trata de una estrategia que no sólo es necesaria en las entidades con AVGM, pues como demuestra el estado de Hidalgo que a pesar de no tener este mecanismo de alerta han creado su propia unidad, consolidando el compromiso gubernamental con los derechos humanos”, señaló.

De las cinco acciones a desarrollar por las entidades federativas en el ámbito de la justicia penal para atender los feminicidios, y puedan operar de forma adecuada las 25 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en 22 entidades, la Secretaría de Gobernación señaló que se requiere “la revisión de casos para abatir el rezago y la observancia de la debida diligencia” en los estados de Baja California, Chiapas, Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Zacatecas”.

De esas ocho entidades con el mayor rezago en la atención de expedientes de denuncias y la falta de procedimientos para que se aplique la debida diligencia y evitar que queden en la impunidad, se puede observar que cinco de esas entidades también tienen altos índices de feminicidios. A partir de cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el reporte de septiembre ubicó al Estado de México, Chiapas, Morelos, Nuevo León y Baja California como las entidades con mayor número de casos. La Guía elaborada bajo la promoción de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob, la Conavim y las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las entidades refiere que existen cinco acciones que coadyuvan a que las alertas de Género operen como fueron concebidas para prevenir o atender las violencias contra las mujeres o el feminicidio.

La Conavim refiere que “el principal desafío que hoy enfrentamos en el ámbito del acceso a la justicia, reparación del daño y no repetición es el abatimiento de la impunidad, principalmente, en los casos de feminicidios y homicidios dolosos cometidos contra niñas y mujeres”.

Para hacer frente a los 7 a diez feminicidios que ocurren a diario en México el diagnóstico en ese documento también señala que se requieren elaborar diagnósticos estadísticos para constituir los “semáforos” de feminicidio que permitan ubicar zonas de prioridad en 16 entidades, 13 de ellas gobernadas por Morena, entre ellas, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

Chiapas al alza con casos de feminicidio; mujeres protestan /Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

En la Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Veracruz se requieren acciones para “fortalecer las fiscalías especializadas” ante las denuncias de feminicidios.

Otro de los instrumentos para ubicar zonas prioritarias de atención para prevenir las violencias contra las mujeres es la georreferenciación del feminicidio y ahí la Conavim detectó que Baja California, Campeche, Colima, Durango, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí tienen pendientes este mecanismo.

Al abordar la estadística nacional la Guía señala que en los últimos ocho años el reconocimiento de los feminicidios en los expedientes judiciales en el país creció cinco puntos en promedio.

Mientras en el período comprendido de 2015 a mayo de 2023, en promedio, 25 por ciento de las muertes violentas de mujeres fueron clasificadas como feminicidio, mientras 75 por ciento restante lo fueron como homicidio doloso en 2015 la categorización de feminicidio/homicidio doloso en 2015 la proporción fue de 20 por ciento feminicidios y 80 por ciento homicidios dolosos. “La realidad que estos datos muestran es la de un gran desafío en el desempeño de la procuración de justicia de las entidades federativas”, señala.

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El documento que la Conavim concluyó en agosto refiere que “durante el primer trimestre del 2023 se cometieron 2.31 presuntos feminicidios en promedio por día”. La modalidad ha sido: arma de fuego, 28.5 por ciento de los casos. arma blanca en 21.2 por ciento, otro elemento en 43.9 por ciento de los casos. En tanto que no logró especificar la modalidad en 6.4 por ciento de los casos.

Por rango de edad 84 por ciento de las víctimas de feminicidio fueron mujeres de 18 años o más y 9 por ciento fueron niñas y adolescentes; en 7 por ciento de los casos no se logró determinar la edad de las víctimas.

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