Personal de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), logró una sentencia de 18 años de prisión contra un hombre en el Sur del Estado, así como la reparación del daño por una suma superior a los 118 millones de pesos por el delito de fraude específico, en perjuicio de dos empresas dedicada al ramo agropecuario.
La pena de es de 18 años, un mes 15 días de prisión, así como multa de 42 mil 840 pesos, más el pago de reparación del daño material a favor de las ofendidas por $118 millones 978 mil 633 pesos.
Además, se condenó al decomiso de los bienes adquiridos por el responsable con el producto del dinero del fraude y se decomisaron tres cuentas bancarias.
Personal de la FGJE recibió la denuncia correspondiente, por los hechos cometidos entre noviembre de 2005 a noviembre de 2009.
El hoy sentenciado emitió varios cheques al valerse de cargos estratégicos dentro de la empresa, en diferentes áreas administrativas y de finanzas, incluso era el hombre de confianza del director general.
MODUS OPERANDI
El inculpado ordenó al Departamento de Contabilidad y Pagos, áreas subordinadas a su dirección, la emisión de 11 cheques a nombre de una empresa del cual era accionista mayoritario y administrador único.
Eran por conceptos de servicios diversos, los cuales nunca se prestaron, y que se cargaron a la compañía para la que laboró por más de 20 años, dando un monto de $18 millones 16 mil 50 pesos.
Para lograr la emisión de los cheques, el acusado se aprovechaba de su superioridad jerárquica al ordenar su emisión sin posibilidad de cuestionar sus órdenes.
Además, también se aprovechó de que la parte ofendida tenía registrado como proveedores a una empresa de nombre similar corporativo con la cual era accionista.
El imputado hacía creer al Departamento de Contabilidad y Pagos que los cheques y el pago de facturas eran para proveedores que ya prestaban sus servicios a las ofendidas, sin embargo, la realidad es que eran para entidades que él mismo había constituido.
Los auditores, tanto internos como externos, determinaron la cuantía del fraude y el destino del dinero a cuentas del acusado, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y peritos que realizaron las pesquisas en las propiedades del acusado fueron fundamentales
Por su parte, la defensa ofertó la declaración del propio acusado y los accionistas de las empresas ofendidas quienes narraron no tener conocimiento de los hechos.
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