PACHUCA. Son cinco presidentes municipales que concluyeron su función el pasado 4 de septiembre que buscan amparos ante la justificia federal por temor a que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) haya presentado una denuncia en su contra, porque exista alguna investigación por nexos con la delincuencia organizada, o bien por sus relaciones interpersonales con personajes como Gerardo N.
Tal es el caso de la exalcaldesa de Apan, María Antonieta de los Ángeles Anaya Ortega, quien promovió la protección de la justicia federal, reclama actos privativos de la libertad, concretamente orden de aprehensión.
A la exfuncionaria se le relaciona con el Grupo Universidad, especialmente con Gerardo N., quien ayer fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Días después de ese hecho, exactamente el 31 de agosto, la entonces presidenta de Apan ingresó su demanda de amparo; sin embargo, fue requerida por el juzgado de distrito porque no especificó en contra de qué autoridad emitía los reclamos. El plazo para subsanar se le vence este lunes, de no hacerlo se tendrá como no presentada.
Mientras que el expresidente de Mineral de la Reforma, Raúl N., ya enfrenta un proceso penal bajo la imputación del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, debido a que presuntamente llevó a cabo la contratación de servicios de forma ilícita con recursos públicos, ha promovido tres amparos ante los distintos juzgados de distrito.
En el primer amparo promovido el pasado 28 de agosto le fue concedida la suspensión provisional a cambio de un garantía económica de siete mil 819 pesos.
En la lista, también se encuentra el expresidente municipal de Mixquiahuala, Humberto Pacheco Miralrío, quien ingresó solicitud de amparo el pasado 26 de agosto de 2020, a través del Juzgado Cuarto de Distrito, el cual concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, mientras se resuelve el otorgamiento o no de la protección de la justicia federal, situación por la que debió dejar garantía económica de cinco mil pesos.
La administración del edil enfrenta diversos señalamientos, como el desvío de siete millones de pesos del recurso público del municipio que se encontraba en una cuenta bancaria que aparentemente fue hackeada, aunque los actos reclamados de en esta demanda de amparo son por orden de detención y/o aprehensión y su ejecución.
Por otra parte está Pascual Charrez, expresidente municipal de Ixmiquilpan, Hidalgo, quien presentó una demanda de amparo para evadir cualquier orden de aprehensión en su contra; sin embargo, en un primer momento le fue concedido, y actualmente fue sobreseído y archivado definitivamente.
Erick Marte Rivera Villanueva, alcalde de Zimapán, interpuso dos amparos, uno contra la Procuraduría de Justicia y uno más contra de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, dependiente de la Fiscalía General de la República; sin embargo, fueron desechados.
El munícipe buscaba protegerse, esto luego que su nombre fuera incluido entre los 17 objetivos y vinculado con la banda criminal Los Hades, ya que presuntamente les brinda protección en su municipio hidalguense.
La que no ha buscado la protección de la justicia, a través del amparo, es la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, pero podría gestionarlo de un momento a otro, ya que el pasado jueves, su exsecretario de Obras Públicas Municipal, Eduardo Sánchez, la acusó de actos de corrupción ante la Fiscalía.
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