El tráfico ilegal de opioides, en particular de fentanilo, se ha convertido en uno de los temas prioritarios de la agenda bilateral entre Estados Unidos y México. Esta priorización fue lo que llevó al Ejecutivo de nuestro país, a pronunciarse en favor de una prohibición absoluta del uso de fentanilo en marzo de 2023.
El fentanilo es un opioide que se sintetiza en laboratorio y que es, cien veces más potente que la morfina. Los efectos deseados pasan por relajación, alivio del dolor y sensación de bienestar, pero dependiendo de la dosis también pueden producir sedación, somnolencia, confusión o incluso náuseas y vómitos. Esto hace que sea un fármaco ideal para controlar el dolor intenso que sufren pacientes en áreas como quirófano, oncología o cuidados intensivos.
De hecho, en el año 2017 el fentanilo se convirtió en el opioide sintético más utilizado en medicina. Su potencia lo ha hecho muy popular, y no es raro que quienes lo fabrican en laboratorios clandestinos lo mezclen con otras sustancias como heroína o cocaína para potenciar sus efectos.
Los efectos de la declaración presidencial en el ámbito médico, en particular de la anestesiología, son por todos conocidos: desabasto, incertidumbre e incluso que muchas y muchos anestesiólogos asumieran ciertos riesgos por temor a no contar con los insumos necesarios para desarrollar libremente su especialidad.
La crisis del abuso de los opioides en Estados Unidos tiene un origen complejo como algunos periodistas han documentado a lo largo de los últimos años.
No obstante, si bien diversos actores del campo de la salud son responsables, en poco se vincula con el uso del fentanilo dentro de una sala de operaciones como se sugirió en una mañanera.
Sin embargo, se generó una amplia cobertura mediática que dio por cierta la prohibición del fentanilo de uso médico aun cuando ésta no se materializó jurídicamente.
Ello hace necesario dilucidar si a partir del pronunciamiento presidencial se generaron consecuencias de derecho. Hasta el momento sólo se pueden identificar dos. La primera es la creación de una Comisión Presidencial, integrada principalmente por las Fuerzas Armadas y órganos de seguridad pública, la cual se encargaría de la coordinación nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas, y armas de fuego y sus municiones.
El Decreto se concentra en exponer los riesgos que conlleva el fentanilo no médico y en la integración de este nuevo órgano se deja a un lado a órganos de salud que debieran de participar en dicho órgano, como el Consejo de Salubridad General o la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. La segunda, un conjunto de reformas y adiciones a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.
Entre los cambios destacables se encuentran nuevas facultades de vigilancia en favor de la Secretaría de Salud y la Cofepris; el endurecimiento de las obligaciones a cargo de quienes de manera lícita emplean dichas sustancias, así como modificaciones a los delitos y las penas.
Un estudio publicado en la revista Harm Reduction Journal menciona resultados aterradores; la investigación se realizó en 2022 en un festival de música electrónica al aire libre en la CDMX.
Un equipo analizó 51 muestras de drogas de 40 consumidores, que se ofrecieron voluntariamente. La mayoría hombres de entre 22 y 48 años. Ninguno de los usuarios esperaba encontrar fentanilo en las sustancias, pero el opioide apareció en 14 de 22 muestras de MDMA (éxtasis) y en dos de cuatro dosis de cocaína. En 2017, en el estudio Cuqueando la chiva, realizado con más de 600 consumidores en Baja California, Sonora y Chihuahua solo seis de ellos habían tomado fentanilo, el resto ni siquiera lo conocía. A día de hoy, en la frontera, el número de usuarios ha crecido exponencialmente. El Gobierno actual decidió cancelar la Encuesta Nacional de Adicciones (Encodat), que se realizaba cada cinco años aproximadamente desde 1998, por su alto costo.
La última disponible es de 2016, cuando las huellas de opioide eran mínimas. ¿Qué seguirá? ¿Cancelar las cirugías? No sorprendería.
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