Durante su primer informe, ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, Luis Fernando Rentería Barragán declaró que el 35% de las quejas realizadas fueron por personas de la tercera edad, el 27% de personas con alguna discapacidad y el 16% fueron mujeres, pero también personas privadas de la libertad, o en busca de sus familiares.
De todas estas atenciones, detalló, se integraron mil 438 expedientes de quejas que fueron turnadas a visitadoras, donde la mayoría fueron respecto a presuntas violaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en primer lugar; en segundo de los Centros de Readaptación Social y en tercero de la Policía Municipal.
Señaló que en 2022 se atendieron a más de 6 mil personas en total, que requirieron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humano (CEDH) para garantizar equidad o legalidad, sobre todo adultos mayores.
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“Quiero destacar que en el área de las visitadurías se ha trabajado mucho por mejorar el tiempo de integración y remisión de estos mil 438 casos, pero además de estos casos que son en estricto sentido problemas de derechos humanos que deben ser investigados con detalles, el área de quejas resuelve muchos problemas que no necesariamente cumplen con los requisitos para levantar una queja, pero no por ello renunciamos a su papel de atención”, comentó el funcionario.
En el contexto de casos no turnados a visitadurías, se han realizado 2 mil 766 orientaciones jurídicas, 682 canalizaciones a otras instituciones y mil 13 gestiones de atención ciudadana, lo que significa que se ayudó a resolver 4 mil 461 problemas adicionales.
Mientras tanto, mencionó que las recomendaciones emitidas durante este último año de la CEDH, se reservaron hacia autoridades que presuntamente cometieron graves violaciones a derechos humanos.
“Nuestro ordenamiento legal establece que cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos, la comisión no está en posibilidades de conciliar esos temas, por tratarse de estas violaciones; en este contexto, la comisión en septiembre pasado emitió 15 recomendaciones a propósito de 50 víctimas de desaparición de personas dirigidas a la FGJE”, expuso.
Estas resoluciones fueron emitidas por dos razones, la primera porque se dejó de realizar investigaciones por periodos muy prolongados, incluso por más de dos años, y la segunda fue porque en las primeras 24 horas no se hizo nada para encontrar a dichas personas a pesar de que existe un protocolo homologado que establece las acciones a realizar.
Reorganización de la CEDH
Además de prestar estos servicios, resaltó que en la Comisión se impulsaron acciones a favor de la paridad de género y una gestión eficiente de recursos institucionales.
En ese sentido, puntualizó que el reto fue establecer un horizonte concreto para cumplir con los propósitos de la institución, así como en temas administrativos, por lo que advirtió que fue necesario reorganizar internamente, fortalecer la función de protección de los derechos y promoverlos.
De tal forma, aseguró que la CEDH en Sonora tiene como prioridad garantizar la paridad de género y lograr una igualdad sustantiva, por lo que el 61% del personal de la institución está conformado por mujeres, mientras que se ha buscado que los puestos directivos estén conformados por capital humano calificado y especializado.
“En síntesis, esta reorganización interna de la comisión ha significado concretar una directiva profesional, con paridad de género, con órganos colegiados trabajando a plenitud, un plan de desarrollo institucional, un presupuesto transparente en funciones, una rendición de cuentas estricta y comprometida, y en fin, una comisión que creo que ya está lista para situarse con ese valor social que merece Sonora”, afirmó.
Protocolo de Estambul
Por otra parte, desde hace pocos meses se integró una oficina para el Protocolo de Estambul, encargado de gestionar ante las autoridades competentes la atención a víctimas de tortura, conformada por dos psicólogas, un médico y un visitador general, que dictaminan ante el Poder Judicial los posibles actos de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos.
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“Hasta el momento se han emitido 15 protocolos y es una herramienta muy importante para que los jueces del conocimiento puedan resolver conforme a derecho”, abundó Rentería Barragán.
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