De un total de 15 resoluciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), algunas recomendaciones no fueron aceptadas por el órgano procurador de justicia, por lo que se espera que emita sus motivos.
Luis Fernando Rentería, titular de la CEDH en Sonora, mencionó que se han emitido 15 resoluciones hacia la Fiscalía de Sonora, donde cada una incluye seis recomendaciones; se reconocieron cuatro y dos no han sido aceptadas.
“Las dos que no aceptó tienen que ver con iniciar procedimientos penales y administrativos contra los ministerios públicos y autoridades responsables de estas omisiones, de los casos de desapariciones, y un acto de disculpa pública a las víctimas; entonces, respecto a esos dos puntos que aparecen en cada una de las 15 resoluciones, es donde estamos solicitando que se explique porqué se decide no cumplirlas”, afirmó.
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Rentería agregó que se hizo una solicitud al Congreso del Estado para que llame a comparecer a la titular de la Fiscalía de Sonora, Claudia Indira Contreras, para que explique las razones por las que se niega a cumplir con estas recomendaciones.
"El papel de la CEDH es solicitar la comparecencia, es el Congreso el que debe decidir si lo hará o no, si decide hacer comparecer a la Fiscal, se lleva este acto público donde la fiscal explica por qué decide no cumplirlas, después se da la oportunidad al Presidente de la CEDH para contra argumentar y luego la Fiscal tendría un tercer momento para argumentar y se cierra la sesión”, detalló.
En caso de que la Fiscalía no acepte acatar las recomendaciones, el Congreso del Estado se reuniría con la CEDH para decidir si sigue habiendo insuficiencia de las razones para el incumplimiento, por lo que si se determina esto, se enviará un oficio a la Fiscal para preguntar si insistirá en la negativa.
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Si la FGJE continúa rechazando las recomendaciones, la CEDH tiene facultad de interponer denuncias penales y administrativas, por lo que todavía están a la espera de que se realice una comparecencia, que toca al Congreso del Estado decidir, aunque no tiene fecha límite para ello.
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