Con el plan estratégico de trabajo que se implementó desde el 2015 se ha abatido el hacinamiento en 11 de los 13 Centros de Reinserción Social de la entidad, dio a conocer Claudia Pavlovich Arellano, al instalar Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales del Estado de Sonora.
La Gobernadora del Estado explicó que al iniciar la presente administración, se contaba con una población de 11 mil 70 personas privadas de la libertad, en la actualidad se cuenta con una población de 7 mil 240 internos, lo que significa una reducción y se traduce en una mejor atención y que vivan dignamente.
“Los que están internos saben perfectamente lo que significa el hacinamiento y eso es algo que decidimos abatir desde el inicio, el hacinamiento de nuestros internos, se fortalecieron los programas encaminados a brindar una efectiva reinserción social a través de la cultura, del arte, de clases, con estricto apego y respeto a los derechos humanos”, expresó.
La mandataria estatal resaltó dentro del Plan Estatal de Desarrollo, se tiene como objetivo la transformación, modernización y dignificación del Sistema Estatal Penitenciario, y esta Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales del Estado de Sonora en la cual trabajan de manera transversal distintas dependencias estatales, es resultado de ello.
La titular del Ejecutivo Estatal detalló que en la presente administración se han entregado a personas privadas de su libertad, 8 mil 564 constancias de diversos cursos de capacitación para el trabajo; mil 444 certificados de educación primaria; mil 492 certificados de educación secundaria; y actualmente tres personas cursan sus estudios de licenciatura en línea.
Durante la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales del Estado de Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano fue testigo de honor de la firma de convenio de colaboración entre los titulares de las secretarías de Seguridad Pública y de Salud, David Anaya Cooley y Enrique Clausen Iberri, respectivamente, para dar atención en materia sicológica e integridad física de las personas privadas de su libertad.
