Tres personas privadas de su libertad en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 11, ubicado en Hermosillo, murieron a causa de Covid-19 por negligencia médica de servidores públicos, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 134/2023.
La institución garante de los derechos humanos dio a conocer mediante un comunicado que el 2 de agosto del 2021, una persona que anteriormente estaba recluida en el Cefereso 11 denunció a través de una queja haberse enfermado por Covid-19 mientras estaba presa, sin embargo, las autoridades penitenciarias no le prestaron la atención médica ni los cuidados necesarios.
Para el 23 de septiembre del 2021, a través de un escrito oficial elaborado por una visitadora de la CNDH informó al órgano sobre el fallecimiento de tres personas privadas de su libertad en el Cefereso 11, debido a complicaciones por Covid-19.
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Por tal motivo, dado que se trata de situaciones similares y de la misma autoridad, comenzó el proceso de revisión para determinar si la atención médica fue adecuada y oportuna, o si la falta de ella derivó en la muerte de las tres personas privadas de la libertad.
Mientras tanto, el 9 de septiembre del 2022, personal de la CNDH llevó a cabo un análisis de cada caso y se estableció que en los tres casos donde murieron las personas recluidas no se les brindó atención médica adecuada por parte del Cefereso.
Lo anterior, toda vez que fue desde el mes de julio del 2021 que las víctimas comenzaron a presentar síntomas, por lo que el personal encargado de su atención tenía la obligación de llevar a cabo medidas de prevención y control para garantizar la salud de los internos.
Al respecto de la situación, la CNDH aclaró que dos de las víctimas tenían antecedentes de enfermedades respiratorias y afecciones médicas, lo que aumentó sus probabilidades de presentar un cuadro grave de la enfermedad, aunque de la tercera víctima no se tiene evidencia escrita del tratamiento médico brindado, ni si se puso en observación y aislamiento a los pacientes.
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En ese sentido, se pidió al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Oadprs) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que colabore en la inscripción de los pacientes fallecidos y sus familias en el Registro Nacional de Víctimas para la reparación del daño.
Asimismo, se solicitó colaborar en el seguimiento a esta denuncia en contra de las personas involucradas en los hechos, además de implementar protocolos sanitarios correspondientes así como proporcionar cursos al personal médico en materia de derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
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