Luego de varios meses sin contar con titular, la Comisión de Búsqueda de Personas en Sonora tiene nuevo encargado, se trata de Javier Ignacio Díaz Ballesteros, quien se desempeña como servidor público desde hace casi 15 años.
La Secretaría de Gobierno dio a conocer que luego de un exhaustivo proceso de evaluación se le seleccionó para asumir esa responsabilidad.
Díaz Ballesteros es originario de la Ciudad de México y cuenta con 35 años, se graduó como Licenciado en Derecho, según su currículum, aunque no se especifica la institución.
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En mayo de 2009 obtuvo una plaza dentro de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como auxiliar con funciones de Perito Criminalista en la Dirección General de Servicios Periciales, para después asumir otras actividades de mayor relevancia.
Cuenta con experiencia en docencia en distintas universidades privadas de la localidad en materias como Criminalística e Investigación Criminal, así como cursos y capacitaciones en temas como derechos humanos, Sistema Penal Acusatorio y Juicio Oral, entre otros.
Los seleccionadores, informaron que cumplió los requisitos previstos en la ley, ya que cuenta con trayectoria profesional y laboral en servicios periciales, criminalísticos, búsqueda de personas, recolección de indicios y evidencias.
Cuenta con participaciones como ponente en conferencias relacionadas con procedimientos penales, cadenas de custodia, preservación del lugar de los hechos y certificación por la Alliance Partnership de Santa Fe, Nuevo México, en Estados Unidos.
En marzo se publicó en el Boletín Oficial y redes sociales del Gobierno de Sonora la convocatoria para iniciar el procedimiento de selección del Comisionado de Búsqueda de Personas, la cual se hizo del conocimiento de los 18 colectivos de búsqueda registrados en la entidad y que fue atendida por 11 aspirantes.
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El Órgano Técnico que llevó a cabo este proceso de evaluación estuvo integrado por representantes de la Universidad de Sonora (Unison), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Congreso del Estado, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Secretaría de Gobierno.
En este proceso cada aspirante pudo exponer su propuesta de trabajo y se verificó su formación académica, experiencia en búsqueda de personas y conocimientos en derechos humanos, ciencias forenses e investigación criminal.
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