Jurídicas Feministas A.C., es un proyecto que presta servicios jurídicos a niñas y mujeres con la finalidad de que puedan ejercer sus derechos ante las diferentes instancias gubernamentales.
En promedio se prestan cuatro servicios al día y tan solo en lo que va del 2023 se les ha brindado ayuda a 402 mujeres, una cifra que representa el doble que en 2022.
Gabriela Ibeth Herrera Valdez, directora de dicha asociación, explicó que cuentan con un área de litigio donde se brindan asesorías y se llevan asuntos en materia de lo familiar y penal, desde divorcios, pensiones alimenticias, situaciones de violencia familiar, acoso y violencia sexual, también se cuenta con un área de prevención e incidencia en políticas públicas, donde se ha estado participando con movimientos feministas en iniciativas de ley.
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Cuando una persona sufre una situación de violencia, existe un trauma, una secuela provocada por dicha situación y cuando la víctima se presenta en una institución a ejercer su derecho a denunciar o iniciar un proceso para tener justicia, se encuentra con personas que, basadas en creencias y estereotipos de género, imponen discursos de revictimización, comienzan a cuestionar a las víctimas, lo que conlleva a que, en lugar de abrir esa brecha para que exista la denuncia, hay una afectación del mismo trauma sufrido y culpabilizan a la denunciante, incluso haciéndola sentir responsable del hecho que se cometió en su contra, detalló.
“Creemos firmemente que hay que atender, pero también hay que prevenir la violencia contra las mujeres”, dijo.
En promedio un proceso jurídico puede llevar hasta un año, entre recursos de amparo y de apelación, “artilugios jurídicos”, dijo, para que no se permita al acusado llegar a una sentencia, cualquier persona que participa en un proceso de este tipo, tiene los mismos derechos de defenderse y aportar evidencias.
Principales acciones de trabajo
Herrera Valdez dio a conocer que se cuenta con una organización de 53 colectivas feministas en el estado, las cuales trabajan diversos sectores y temas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres de forma interseccional, a migrantes, indígenas, entre otras.
Declaró que derivado de dicha organización se formó un proyecto para presentar una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado de Sonora, para disminuir la violencia de género desde las estructuras.
Esta iniciativa promueve la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, la cual propone que ningún aspirante a servidor público pueda serlo si está denunciado por violencia familiar, violencia sexual o si es un deudor alimentario.
“Las mujeres que requieren un servicio o ejercicio de un derecho se encuentran frente a un servidor público el cual también es un agresor, por lo que es fundamental comenzar desde estas estructuras y también atendiendo estos casos de manera inmediata”, expuso.
De igual manera recordó que, lo anterior se llevó a cabo a través de un trabajo arduo, recaudando más de 21 mil 300 firmas en todo el Estado, que todas las colectivas feministas hicieron efectivas en el Congreso del Estado, por lo que esta norma se estará vigilando para su aplicación en las próximas elecciones, no solo en Sonora, sino que también a nivel nacional.
“Ya hay antecedentes donde se han bajado candidatos de planillas, como es el caso de Guaymas; no merecemos, ni las mujeres ni los ciudadanos, personas con esa calidad para que den un servicio”, comentó.
Anteriormente —destacó— se han venido impulsando otras leyes importantes, como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, la cual estipula y conceptualiza la violencia contra las mujeres y además indica las obligaciones del estado para erradicar dichas violencias.
También dijo que otro de los principales impulsos corresponde a la Ley de Fomento a la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora, ya que actualmente se requiere que las mujeres se encuentren presentes en las estructuras, debido a que ahí se encuentra la visión y las necesidades de las mujeres.
“Es necesario atender al otro 50% de la población, con esta perspectiva de género que armamos, la cual consiste en ver cuáles son las necesidades de las mujeres o qué implica ser mujer en una sociedad, para así ejercer un derecho”, insistió.
Agenda de género desde el activismo
Por otra parte, mencionó que para 2024 se proyecta una agenda de género desde el activismo y el trabajo de campo que se realiza, analizando cuales son las necesidades reales de las mujeres y proyectándolas en dicha agenda, a la cual se le dará difusión y se buscará que sea firmada por candidatas y candidatos del próximo proceso electoral, para además dar seguimiento a esta, para que la firma se haga efectiva sobre una agenda de derechos humanos de las mujeres.
Afirmó que para el próximo año viene fuerte la Ley de Violencia Vicaria, la cual es una de las violencias que más constriñen en la actualidad a las mujeres sonorenses, en esta las niñas y niños son víctimas de violencias que van encaminadas a seguir dominando y sometiendo a las mujeres, a través de hacer daño a las infancias o sustraerlas de las madres o alienarlas, hablando mal de ellas.
Se continuará vigilando durante las próximas elecciones a los candidatos que van a estar presentes en este proceso, publicando las anti-boletas, las cuales son un mecanismo para evidenciar mediante la ya mencionada Ley 3 de 3, a aquellos que no deben estar presentes como candidatas o candidatos en el proceso electoral, esta es una forma de hacerle ver a la ciudadanía que las personas por las cuales van a votar no cumplen con estos tres requisitos, denuncia por violencia familiar, deuda de pensión alimenticia o algún tipo de violencia sexual, puntualizó.
“De igual manera nos encontramos organizadas atendiendo no sólo los casos de Jurídicas Feministas, sino también de otras colectivas, las cuales son integradas por sociólogas, psicólogas, mujeres preocupadas por otras mujeres y que también prestan otros servicios o canalizan a las víctimas a esta asociación”, señaló.
Vigilarán presupuesto para 2024
Indicó que, año tras año se ha estado cuidando la parte del presupuesto, dado que en diciembre de 2022, la parte de este para atender a las mujeres y los casos de género se redujo por 500 millones de pesos para Sonora, cuando lo que la ley indica que este debe de aumentar cada año.
Del presupuesto total del Estado, el 8.1% es para género y de este se redujo por dicha cantidad, por lo que, dijo, el Instituto Sonorense de las Mujeres está operando sin recursos para mantener los servicios, al igual que todas las unidades de género de todas las instancias de gobierno.
“Me parece importante que esa voluntad política se refleje en el presupuesto económico, es verdad que requerimos presupuesto para empresarias, emprendedoras y otras áreas del Estado, como educación y salud, pero estas áreas van transversalizadas por áreas de género, por ejemplo, en el sistema educativo hay una gran problemática de violencia de género, al igual que en el sector salud”, comentó.
La directora de Jurídicas Feministas afirmó que Sonora continua en alerta de género por feminicidio y trata de personas, esta alerta es un mecanismo que tiene la Ley Federal de Acceso, para que todas las instancias de gobierno asignen recurso económico y activen sus tres poderes para disminuir la violencia mediante capacitación, atención y prevención.
“Actualmente, a nivel nacional, Sonora cuenta con el primer lugar en llamadas a la línea de emergencia 911, eso da un parámetro de lo fuerte que está la situación. El feminicidio es la última fotografía de un acoso callejero, de un hostigamiento laboral, de una violencia familiar, si bien es verdad que se han realizado algunas acciones como el Protocolo Salva o la capacitación a policías, hasta el momento estas no han sido suficientes”, expresó.
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Activistas han estado solicitando al Congreso que inicie cambios en la normativa para que el aborto sea retirado del código penal como delito, ya que es obligatorio que las autoridades brinden este servicio de forma segura y gratuita en hospitales, sin embargo, no se ha hecho efectivo, a pesar de que a nivel nacional ya se especificó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a ninguna mujer se le puede dictar una sentencia de culpabilidad por este supuesto delito, apuntó.
“Se presentó un amparo el cual está en proceso para que se hagan estas modificaciones en la norma por el Colectivo Marea Verde Nogales, son las que han estado impulsando de manera jurídica esta situación, en Sonora se sigue abortando”, finalizó.
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