La próxima semana se enviará al Congreso del Estado una serie de reformas a la “Ley Ingrid”, recientemente aprobada por los diputados, debido a los señalamientos y preocupaciones manifestadas por diferentes medios de comunicación y de colectivos de búsqueda de personas desaparecidos.
Adolfo Salazar Razo, titular de la Consejería Jurídica del Estado informó que la instancia a su cargo hizo diversas adecuaciones a la reforma al artículo 167 Quater del Código Penal del Estado, con el objetivo de que las sanciones que dispone se dirigen específicamente a servidores públicos que filtren imágenes de personas fallecidas relacionadas con investigaciones judiciales.
En ese sentido, dijo que en ningún momento se pensó en la reforma para la aplicación de sanciones a periodistas o medios de comunicación en el uso de la libertad de expresión, así como en contra de colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas.
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“No es una iniciativa promovida por el Ejecutivo, por el gobernador Alfonso Durazo, y no contó únicamente con el apoyo de una facción parlamentaria y construida desde el Congreso, y es una iniciativa aprobada y apoyada por unanimidad, sin embargo, este gobierno tiene un compromiso claro con la libertad de expresión”, comentó.
Mientras tanto, el funcionario afirmó que las sanciones estarán dirigidas únicamente a servidores públicos que difundan imágenes de personas muertas relacionadas con investigaciones judiciales, los cuales pueden ser acreedores de entre cuatro y diez años de cárcel por este delito.
Se busca no revictimizar a los fallecidos
De tal forma, Salazar Razo manifestó que se trata de evitar la revictimización de las personas fallecidas, pues realmente se busca protegerlas para que no se vulneren sus derechos a la dignidad, privacidad e identidad tanto de los muertos como de sus familiares.
“El espíritu de la reforma es exactamente lo contrario, que quienes son visitas no sean revictimazdos con filtraciones de información, evidencia, foto, documento o audio que se integran desde que acude el primer respondiendo a la escena de un crimen, de instituciones policiacas, de importación de justicia, de juzgados, que no se encuentre esa información que debe estar bajo resguardo”, puntualizó.
Asimismo, el Adolfo Salazar recordó que la iniciativa derivó del caso de Ingrid Escamilla, de 25 años, quien fue asesinada por pareja sentimental en la Ciudad de México el 9 de febrero de 2020. Las imágenes forenses de su cuerpo fueron difundidas a medios de comunicación por parte de funcionarios públicos, lo que generó la indignación en el país.
