Para beneficios de la comunidad, las recompensas económicas ofrecidas para capturar presuntos delincuentes deben garantizar la seguridad de los denunciantes, indicó Julio Villavicencio Melendrez.
El presidente de la Comisión Nacional de Justicia Penal y Seguridad Pública participó en un conversatorio virtual sobre las “Recompensas Económicas” que ofrecen las Fiscalías del país para la persona que brinde información para la localización de presuntos responsables de delitos.
El abogado explicó que este tipo de recompensas son un tipo de gratificación monetaria, para quien suministre información veraz y oportuna para ejecutar la orden de captura de algún presunto delincuente.
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“O en su caso, por proporcionar elementos suficientes o información que permita determinar la autoría, participación o responsabilidad penal en los mismos”; dijo.
Asimismo, resaltó que esta facultad está otorgada normativamente para ser definida por los fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, de acuerdo a su competencia.
Por otro lado, precisó que existen algunos huecos en la ley que hacen más complicado la captura de algunos delincuentes, aún cuando se ofrecen fuertes sumas de dinero.
“Actualmente nuestro país vive un hipergarantismo de derechos, es decir, que el escenario en que los responsables de cometer delitos encuentran un blindaje excesivo de protección en las normas, por lo que los responsables de su aplicación se encuentran trabados por normas implantadas en un sistema que lejos de precautelar la tutela de los derechos de la sociedad se ha diseñado para la protección de los victimarios”, agregó.
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Villavicencio Meléndrez puntualizó que para garantizar el bienestar de la comunidad en general, se debe regular sobre los mecanismos de este tipo, para la reserva de identidad y la protección de sus datos personales, así como crear un Fondo de Estímulos y Recompensas en Materia Penal del fuero común, administrado por la Fiscalía General de Justicia.
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