Hace falta mayor seguridad jurídica para el sector minero, así como incentivar a la industria, pues las restricciones para el uso de minerales estratégicos se traducen en incertidumbre para la operación minera en México, señaló la Cámara Minera de México (Camimex).
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A través de un comunicado, el organismo puntualizó que es fundamental contar con un marco legal claro y confiable sobre la reforma a la Ley Minera, aprobada en el Congreso de la Unión, que tiene como iniciativa la nacionalización del litio.
En ese sentido, el dictamen propone la creación de un organismo público descentralizado que se haga cargo de la exploración, explotación y aprovechamiento del litio para beneficio exclusivo del país, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones ni autorizaciones en la materia.
Abundó en que la Constitución de México ya contempla al litio como un bien de la nación en el artículo 27, por lo que esta reforma tiende a ser redundante.
Sin embargo, la Camimex apuntó que no existe suficiente información disponible sobre las reservas de litio en México, motivo por el cual es necesario que se agilice la exploración de yacimientos, largos periodos de maduración para los proyectos e inversiones fuertes para contar con la tecnología que permita explotar el mineral.
“Con la información conocida hasta el momento, tanto por parte de las empresas mineras como de las autoridades en la materia, no es posible asegurar que exista un yacimiento en el territorio nacional que sea viable para su producción, no por lo menos con la tecnología actual”, aseguró el organismo en el comunicado.
Por lo tanto, lamentó que la reforma aprobada en el lunes en la Cámara de Diputados y el martes por el Senado de la República, reservara para el Estado la explotación del litio y dejara fuera al sector privado, mismo que cuenta con experiencia y recursos para contribuir al aprovechamiento del mineral.
Por ello, argumentó que tales medidas podrán impactar de manera negativa a la contribución de las empresas mineras, al poner en riesgo el empleo de más de 3 millones de familias que dependen de la minería y el bienestar de más de 690 comunidades donde es la principal actividad económica.
A esto añadió que la minería es una de las cinco fuentes de ingresos por concepto de divisas más importantes de México, además de una de las industrias que aportan más al fisco, con más de 225 mil millones de pesos en los últimos seis años, equivalente a 3.3 veces el presupuesto de egresos de Sonora.
Asimismo, aseguró que se requiere de una política pública que impulse la minería para apoyar en la generación de más de 50 mil empleos directos nuevos y 300 mil indirectos; que fije la atracción de inversiones extranjeras por más de 24 mil 200 millones de dólares para minas nuevas en los siguientes seis años, con pago de impuestos y derechos por 23 mil 500 millones de pesos adicionales al año.
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Finalmente, la cámara industrial estableció que la estrecha colaboración entre el sector público y privado será primordial para que sea posible garantizar el abasto de minerales para el sector industrial y el resto de la población mexicana.
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