¿Qué pasaría si usted encuentra vestigios de oro o plata o diamantes en un terreno que es de su propiedad? ¿Podría quedarse con ese tesoro? La respuesta lógica podría parecer afirmativa: Sí, porque el terreno es mío, pero… siempre hay un pero.
Aquí es donde entra la ley, en este caso la Ley de Minería de México, que primero que nada establece que el subsuelo es propiedad de la Nación. Es decir, si el oro está en la superficie, el dueño del terreno puede disponer de él.
Pero si hay una veta bajo tierra, la cosa se complica gradualmente. De acuerdo a la antigua Ley de Minería que estaba vigente hasta el 8 de mayo de 2023, usted tendría que buscar a una empresa exploradora para hacer un trato, ya sea que usted les rente, les venda o se haga sus socios para determinar si realmente hay más oro al grado de que puede ser un proyecto rentable.
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Gustavo Álvarez, experto en temas mineros, declaró que hasta antes de la ley vigente, un particular podía explorar un terreno sin concesión minera, en base a los indicios, por ejemplo vestigios mineros antiguos o cartografías públicas del Servicio Geológico Nacional, que te indica cuales son las regiones mineras del país.
Explicó que si una persona o empresa tenía indicios de que en cierto lugar podría haber una veta de mineral, podía revisar ante la Secretaría de Economía Federal para saber si había alguna concesión minera para ese predio.
Una vez verificada la inexistencia de la concesión, se daba aviso a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) para iniciar las tareas de exploración, primero superficiales y conforme se reúne la evidencia, la exploración se puede hacer más a fondo, con extracción de muestras geológicas a diferentes profundidades y en diferentes puntos para determinar qué minerales y en qué partes se encuentra con mayor concentración, en base a muestreos estadísticos, para dibujar donde había mineral. Esto es una inversión considerable y para ello existen las empresas de exploración.
Si encontrabas suficientes vestigios de tal mineral que diera idea que había un yacimiento “económico”, o sea factible de explotar para obtener una ganancia, entonces se acudía a la Secretaría de Economía para hacer un denuncio como primer solicitante, es decir, tú le decía al gobierno: “Yo descubrí que este polígono de estas coordenadas podría haber mineral y como primer solicitante, pido la concesión minera”.
Entonces la Secretaría de Economía ponía un precio y se te entregaba un título de concesión con el cual eras el único facultado para extraer y aprovechar todos los recursos minerales que haya en el subsuelo de determinadas superficie, detalló.
Una concesión —precisó— te da los derechos sobre el subsuelo, pero no te permite sacar el mineral, para eso se requiere un permiso, principalmente ambiental, para lo cual hay que hacer una manifestación de impacto ambiental en la que se explican las obras que se van hacer para sacar ese material que ya te pertenece porque ya pagaste una concesión y entre lo que tienes que demostrar a la Secretaría de Medio Ambiente, es que tienes la posesión de la superficie, es decir que ya estás de acuerdo con el propietario de la superficie, ya sea porque te vendió el terreno, te lo rentó o se asoció con la empresa exploradora.
Luego había que tener el permiso de uso de suelo y que no sea área natural protegida, que no haya un reglamento que contradiga la actividad minera en esa zona, como un plan de desarrollo ecológico o algo similar. Otro ejemplo es si intentaras explorar un zona que el ayuntamiento la tiene catalogada como residencial o habitacional, en ese caso habría que solicitar al cabildo un cambio en el uso del suelo de residencial a industrial.
Gustavo Álvarez puntualizó que muchas empresas de exploración en México trabajan para encontrar los yacimientos, hacer los denuncios, pagar la concesión y entonces hacer un poco más de exploración para deducir cuánto oro, plata, bronce o cualquier otro mineral hay ahí y entonces vender la concesión. Ese es un negocio usual y perfectamente legal, aseveró.
Cabe precisar, el Gobierno no da concesiones mineras, las vende y a muy buen precio, no menos de 10 millones de pesos, la más “barata”. El precio de la concesión es muy variable, depende del mineral que se explora y del volumen que se estima existe en el lugar.
“Es muy fácil que una concesión cueste 10 millones de pesos, 15 ó 20 millones, dinero que se paga directamente al Gobierno mexicano, aun a riesgo de que la empresa minera no saque nada de mineral, porque si el Gobierno no da los permisos para sacarlo, es dinero que ya no se recupera”, aclaró.
Cabe mencionar que con este Gobierno federal no ha habido permisos para extraer, tampoco nuevas concesiones mineras.
Antes, si la empresa no construía para explotar la concesión que había comprado, tenía que pagar un impuesto anual, una especie de penalización en base al valor de la concesión. Y eso era manejable, porque a lo mejor no se explotaba la concesión porque el mineral que se iba a extraer no era rentable en ese momento y la empresa minera decidía esperar a mejores condiciones de mercado internacional. Tenías derecho a esperar mejores precios, siempre y cuando pagaras el impuesto anual. Se trata de especulación, dirán algunos, pero la verdad es que todos tienen derecho a esperar las mejores condiciones para hacer el negocio, argumentó Gustavo Álvarez.
Ahora es aún más difícil
Pero, y ahora, con la nueva ley, ¿si nos podemos quedar con lo que encontremos en nuestro terreno? La verdad es que con la nueva Ley Minera vigente desde el 8 de mayo, para comenzar se elimina el concepto de terreno libre y el concepto de primer solicitante.
Ahora, si alguien piensa que en algún lugar hay mineral, debe acudir a la Secretaría de Economía para saber si hay concesión para esa zona, si no la hay, la Secretaría de Economía da aviso al Servicio Geológico Nacional para que haga exploración del sitio y si se genera una concesión, quien dio aviso sólo podrá concursar por la concesión junto con cualquier otra persona o empresa que tenga interés por la misma.
De acuerdo a la nueva ley, el único facultado para hacer exploración será el Servicio Geológico Nacional. En este punto, especificó Gustavo Álvarez, los detalles aún están grises pues no hay un reglamento que establezca cómo se deberá actuar.
“Creemos que las empresas podrán contratar los servicios del SGN para hacer exploración, pero no hay nada aún claro sobre la operatividad de esta disposición legal”, indicó.
En este caso, la empresa gastará en la exploración y si hay alguna veta, no necesariamente se va a quedar con la concesión, ya que será el Gobierno el que decidirá a quién entregar la concesión, no necesariamente al mejor postor, si no “por la más conveniente para el desarrollo social”, no sabemos lo que esto significa.
Ahora ya no podrás mantener detenida tu concesión esperando un mejor momento de mercado, la deberás trabajar, si no la trabajas en dos años, causa baja, te la quitan y pierdes todo.
Si tienes la capacidad de ganar el concurso de la concesión, eso tampoco garantiza la extracción porque todavía faltarían los permisos que de facto están suspendidos por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Presidente también ha manifestado con claridad que la idea es reducir en 50% las concesiones existentes, hay un interés de que la mitad de las concesiones se pierdan.
Además, la nueva ley indica que la empresa minera debe tener un contrato con las comunidades cercanas al proyecto, donde ellos aceptan que se ejecute el proyecto a cambio de una compensación económica. Ese pago no sabemos cómo va a ser, si va a ser en una sola exhibición, quién va a determinar qué monto es y quién va a determinar qué es cercanía. Nada está claro, comentó.
Y aparte de ese arreglo económico con las comunidades, la empresa estará obligada a dejar una garantía en efectivo en la Secretaría de Economía que compense los posibles impactos sociales que genere el proyecto. Entonces ¿qué es eso?, ¿cómo se define un impacto social? ¿Quién y cómo se va cuantificar cuánto tienes que dejar ante el Gobierno por eso que podría o no suceder y cómo la comunidad se beneficiará porque el Gobierno reciba una garantía por esos posibles impactos sociales? Todo es gris y extraño, reiteró.
Sonora lidera en exploración
Por su parte, Leonardo Taylor Padilla, titular de la Dirección General de Minería del Gobierno del Estado, detalló que Sonora es líder nacional en exploración minera con 177 proyectos en desarrollo, de los cuales 28 se encuentran en su última etapa para convertirse en proyecto activo en este 2024.
“Tenemos una inversión estimada arriba de los mil 50 millones de dólares en una primera fase de estos 28 proyectos, y estas inversiones van en crecimiento constante y en generación de empleos, se generarán 2 mil 500 empleos directos y unos 10 mil indirectos”.
En el tema de exploración, el funcionario estatal reconoció que es uno de los que más inversión genera en el país y el Servicio Geológico Mexicano (SGM) reconoce ese esfuerzo y ciertamente esta dependencia no puede realizar toda la exploración que se necesita.
Precisó que dentro del reglamento de operación no se pretende acotar o estrangular la exploración privada, pero el SGM sí va a dar fe o legitimidad a los proyectos de exploración, se busca que sea el rector de la exploración minera en México.
En otras palabras, —comentó— el trabajo del SGM será enterarse de qué se está explorando, donde se está explorando y se encargará de validar esa exploración. No se trata de prohibir sino de certificar la exploración y que todo quede dentro de la ley.
Por su parte, Alberto Jesús Orozco Garza, presidente del Consejo Directivo del Cluster Minero de Sonora, mencionó que un proyecto minero toma más de 15 años para ponerse en marcha, tan solo la exploración puede llevar 10 años, en condiciones más o menos normales, aunque los tiempos son muy variables pues depende de una gran cantidad de factores.
En materia de exploración hay que decir que de cada mil prospectos, sólo uno tendrá un descubrimiento significativo que podría llegar a ser una mina, aseguró el empresario.
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Después de la exploración, —contabilizó— toma de dos a tres años de evaluación económica, pruebas metalúrgicas, ambientales, hidrológicas, para ver viabilidad, un par de años más para un estudio de viabilidad, dos años más para conseguir todos los permisos, otros dos años para construir la mina y la operación durará dependiendo del yacimiento, y puede ir de 10 a 70 años.
En resumen, si encuentra oro en el patio de su casa, olvídelo, no podrá aprovechar sino lo que pueda sacar sin necesidad de excavar profundo. Si es en un terreno, prepárese para buscar un socio que tenga mucho dinero, para buscar un buen trato de negocios que igual podría resultar en cero de ganancia por lo complicado que es ahora.
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