/ sábado 22 de abril de 2023

Otro expresidente peruano, Alejandro Toledo, cae por corrupción

Alejandro Toledo se entregó a las autoridades de EU para su extradición; es acusado de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias en el caso Odebrecht

LIMA. El expresidente de Perú Alejandro Toledo, reclamado por la Justicia de su país desde finales de 2017, se entregó a la Corte de San José, en California, Estados Unidos, para ser extraditado a su país, que alista su traslado a Lima para los próximos días.

Toledo, de 77 años y que gobernó entre 2001 y 2006, es acusado en Perú de presuntamente haber recibido unos 35 millones de dólares en sobornos de la firma brasileña Odebrecht a cambio de obras de infraestructura, según la fiscalía local.

Puede interesarte: Fiscalía de EU pide detener a expresidente de Perú relacionado con Odebrecht para extraditarlo

El exmandatario niega actos de corrupción, pero la fiscalía ha presentado cargos en su contra por lavado de activos y colusión y ha solicitado una condena de 20 años de prisión.

Una jueza federal de Washington denegó la solicitud de Toledo de bloquear su extradición, en un proceso que comenzó el 2018 luego de el exmandatario dejara el país un año antes en medio de las pesquisas de corrupción en su contra.

El expresidente fue detenido en Estados Unidos en julio de 2019 tras una solicitud formal de Perú para su extradición. Fue puesto en libertad bajo fianza en 2020 y vivía en California.

Silvana Carrión, procuradora del caso “Lava Jato” que investiga una trama de corrupción con Odebrecht, afirmó que hasta tres agentes locales de la policía internacional viajarán a EU junto a fiscales para tramitar el traslado de Toledo a Lima.

La entrega del exmandatario marcaría un avance en la lucha contra a corrupción en el país y abriría una caja de pandora dijo David Waisman, exvicepresidente de Toledo. “Tengo la seguridad de que va a delatar a gente involucrada en busca de que le recorten el periodo de prisión”.

TRES PRESIDENTES PRESOS

De acuerdo a las autoridades peruanas, Toledo probablemente sería confinado en una penitenciaria dentro de una base policial ubicada en la afueras de Lima, donde actualmente están presos los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo.

Fujimori, que gobernó entre 1990 y el 2000, cumple una condena de 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos; mientras que Castillo está detenido de forma preventiva por 18 meses mientras es investigado por presunta “rebelión” tras intentar en diciembre disolver de forma ilegal el Congreso.


El Poder Judicial tiene una orden de 18 meses de prisión preventiva contra Toledo, un economista que ganó las elecciones tras un escándalo de corrupción de Fujimori, que huyó a Japón en el 2000 y fue extraditado desde Chile en 2007.

Desde hace más de 30 años casi todos los presidentes de Perú han sido investigados o acusados por casos de corrupción.

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Odebrecht, involucrada en el mayor escándalo por sobornos de la historia de Brasil y que salpicó a varios gobiernos de Latinoamérica, reconoció en un acuerdo judicial en Estados Unidos en el 2017 que pagó unos 29 millones de dólares para ganar la concesión de obras públicas en Perú entre 2005 y 2014 durante los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

El expresidente Pablo Kuczynski, investigado también por el caso Odebrecht, estuvo bajo arresto domiciliario por acusaciones de soborno, al igual que Martín Vizcarra, investigado por corrupción, mientras que García se suicidó para evitar ser arrestado en 2019.

LIMA. El expresidente de Perú Alejandro Toledo, reclamado por la Justicia de su país desde finales de 2017, se entregó a la Corte de San José, en California, Estados Unidos, para ser extraditado a su país, que alista su traslado a Lima para los próximos días.

Toledo, de 77 años y que gobernó entre 2001 y 2006, es acusado en Perú de presuntamente haber recibido unos 35 millones de dólares en sobornos de la firma brasileña Odebrecht a cambio de obras de infraestructura, según la fiscalía local.

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El expresidente fue detenido en Estados Unidos en julio de 2019 tras una solicitud formal de Perú para su extradición. Fue puesto en libertad bajo fianza en 2020 y vivía en California.

Silvana Carrión, procuradora del caso “Lava Jato” que investiga una trama de corrupción con Odebrecht, afirmó que hasta tres agentes locales de la policía internacional viajarán a EU junto a fiscales para tramitar el traslado de Toledo a Lima.

La entrega del exmandatario marcaría un avance en la lucha contra a corrupción en el país y abriría una caja de pandora dijo David Waisman, exvicepresidente de Toledo. “Tengo la seguridad de que va a delatar a gente involucrada en busca de que le recorten el periodo de prisión”.

TRES PRESIDENTES PRESOS

De acuerdo a las autoridades peruanas, Toledo probablemente sería confinado en una penitenciaria dentro de una base policial ubicada en la afueras de Lima, donde actualmente están presos los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo.

Fujimori, que gobernó entre 1990 y el 2000, cumple una condena de 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos; mientras que Castillo está detenido de forma preventiva por 18 meses mientras es investigado por presunta “rebelión” tras intentar en diciembre disolver de forma ilegal el Congreso.


El Poder Judicial tiene una orden de 18 meses de prisión preventiva contra Toledo, un economista que ganó las elecciones tras un escándalo de corrupción de Fujimori, que huyó a Japón en el 2000 y fue extraditado desde Chile en 2007.

Desde hace más de 30 años casi todos los presidentes de Perú han sido investigados o acusados por casos de corrupción.

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Odebrecht, involucrada en el mayor escándalo por sobornos de la historia de Brasil y que salpicó a varios gobiernos de Latinoamérica, reconoció en un acuerdo judicial en Estados Unidos en el 2017 que pagó unos 29 millones de dólares para ganar la concesión de obras públicas en Perú entre 2005 y 2014 durante los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

El expresidente Pablo Kuczynski, investigado también por el caso Odebrecht, estuvo bajo arresto domiciliario por acusaciones de soborno, al igual que Martín Vizcarra, investigado por corrupción, mientras que García se suicidó para evitar ser arrestado en 2019.

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