Si usted ha hecho fiesta en su casa en Hermosillo, habrá solicitado permiso ante Inspección y Vigilancia. Si los convocados han sido más de 50 personas debió pagar 261 pesos al Ayuntamiento.
Antes de la pandemia se otorgaban semanalmente entre 80 y 100 de estas anuencias; ahora ha bajado considerablemente el número pero igual se solicitan en promedio 15 permisos semanalmente para ese tipo de reuniones… Sin contar, por supuesto, las que se hacen sin la solicitud y pago correspondiente. Tenemos en esto un dato que puede darnos también la explicación del aumento de contagios por Covid-19.
Algún día habrá vacuna y podremos tal vez regresar a las reuniones masivas. Lo que ya no será posible para los ayuntamientos, es cobrar por la realización de fiestas en los domicilios particulares.
Lo anterior tiene sus orígenes en la resolución 32/2019 que emitió el pleno de la SCJN ante la acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH en contra de diversos preceptos de varias leyes de ingresos municipales de San Luis Potosí y concluyó que imponer cobros por anuencias para la realización de eventos familiares y sociales, es violatorio de los derechos humanos a la intimidad y la libertad de reunión.
En el caso de Sonora la CNDH introdujo la acción de inconstitucionalidad 95/2020 sobre la que ya resolvió la Corte, de forma tal que las leyes de ingresos municipales no podrán considerar el cobro de permisos para la realización de fiestas familiares y sociales en domicilios particulares.
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El cobro de impuestos por este tipo de reuniones, seguramente nunca fue freno para la realización de las mismas, pero no descarte que muchos ayuntamientos pretendan vender ese beneficio como producto de sus decisiones para no sangrar las finanzas personales cuando en realidad lo que hacen al no considerar esos impuestos en sus leyes de ingresos para el 2021, es simplemente acatar una resolución de la Corte.
