Un grupo de comisarios públicos ciudadanos de la Contraloría General del Estado de Sonora interpuso una denuncia contra Guillermo Noriega Esparza, titular de la dependencia, tras ser despedidos sin justificación, aseguró Carlos Rodolfo Limón Gutiérrez.
El vocero de la agrupación mencionó que esto ocurrió durante el inicio de la actual administración, de la cual no han recibido el pago correspondiente a varios meses del salario que recibían, por lo que decidieron acudir a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS).
“Firmamos nómina por tres meses, desde octubre, noviembre y diciembre y nunca se nos pagó, porque por la pandemia no querían que corriéramos riesgo por ir a Contraloría. Nos dijeron que se había agotado el recurso y el dinero no apareció; a parte tenemos desde febrero batallando, solicitando audiencias con el gobernador Durazo; con el contralor fuimos pero nos trató de muy mala manera, nunca nos han dado luz verde”, agregó.
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En ese sentido, explicó que tras la negativa de una respuesta, decidieron denunciar al titular de la contraloría, Guillermo Noriega Esparza, por presunto desvío de recursos, mientras que se buscará dar un paso ante las instancias penales.
“Somos 34 comisarios públicos ciudadanos que estábamos en cada dependencia haciendo trabajos de inspección y vigilancia, y que recibíamos un apoyo de 4 mil pesos mensuales, estamos hablando de 140 mil pesos mensuales que en lo que va del año ya suma cantidad importante”, comentó.
Por otra parte, explicó que desde septiembre del año pasado, momento en el que entró la actual administración, por lo que llevan un mes sin recibir el apoyo, mientras que fueron despedidos sin una justificación, ya que afirmó que la Contraloría General dio aviso a las dependencias estatales para ya no recibir al grupo de comisarios públicos ciudadanos.
“Es injusto lo que iniciaron con nosotros, nunca tuvieron la atención de avisar que terminaría el programa, solamente no nos dejaron pasar a los comisarios públicos. Que fue una institución creada por el ex gobernador Eduardo Bours, con gente que ya estaba jubilada o pensionada de dependencias o empresas privadas, para que no tuviera compromisos. Nos fijaban un horario de trabajo y cada trimestre hacíamos un reporte de actividades”, destacó.
Por tanto, aseveró que llevarán la denuncia ante las instancias penales, pues alegó que algunos compañeros pertenecientes al programa han fallecido, mientras que otros se encuentran entre los 70 y 80 años de edad, por lo que buscarán recibir los recursos correspondientes a su desempeño como comisarios públicos ciudadanos.
Programa de Comisarios Públicos Ciudadanos era voluntario: contralor
“No puede haber despido donde no hay una relación contractual”, aseguró la Contraloría General del Estado sobre la denuncia interpuesta por un grupo de comisarios públicos ciudadanos ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS).
En la denuncia, se señala al titular de la dependencia estatal, Guillermo Noriega Esparza, por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos por medio del despido injustificado de 34 comisarios públicos ciudadanos, de manera que acudieron a la FAS y amagaron con acudir a instancias penales.
“Nos dijeron que se había agotado el recurso y el dinero no apareció; a parte tenemos desde febrero batallando, solicitando audiencias con el gobernador Durazo; con el contralor fuimos pero nos trató de muy mala manera, nunca nos han dado luz verde”, afirmó Carlos Rodolfo Limón Gutiérrez, vocero el grupo.
El representante de la agrupación resaltó que la tarea de los comisarios públicos era la de realizar actividades de inspección y vigilancia en cada dependencia estatal, donde recibían mensualmente un apoyo de 4 mil pesos, lo que suma más de 1.6 millones de pesos que no les pagaron en un año.
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A pesar de lo anterior, el área de Comunicación Social de la Contraloría General del Estado aclaró que, jurídicamente, nunca pudo haber ocurrido un despido injustificado, dado que no existía una relación contractual con los integrantes del programa de comisarios públicos ciudadanos.
“El programa era voluntario y la Contraloría les daba un apoyo mensual. La Secretaría de Hacienda lo canceló por insuficiencia presupuestal, así como se cancelaron muchos otros apoyos y programas”, respondió la Contraloría General.
Asimismo, la dependencia estatal recordó que se realizaron las gestiones necesarias por intentar mantener los apoyos, sin embargo no fue posible, por lo que en ese punto la ley fue demorada y se eliminó la figura del comisario público ciudadano.
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