A más de cinco años de que les fueron requisados sus permisos para operar dentro de las rutas de camiones, un grupo de 126 exconcesionarios, que representan a un total de 200 en esta capital, acudieron ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora para ejercer presión y se avance en el proceso legal que permanece abierto.
Uno de los inconformes, Juan Miguel Yáñez Ortega expuso que la intención de apersonarse ante esa instancia es recordar a las autoridades que se tiene que notificar al Gobierno del Estado sobre una audiencia que se tiene que llevar a cabo próximamente en la que se abordarán puntos referentes a este caso.
Luego de ingresar una comitiva a ese recinto ubicado en la colonia Centro, informaron que los atendió un Secretario, quien les aseguró que ya están en los preparativos para enviar un documento a la administración estatal este mismo viernes en la que se le comunicará día y fecha para ese encuentro.
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"Demandamos al Gobierno del Estado por daño moral y patrimonial. Por las afectaciones que tuvimos con la requisa de la que fuimos objeto por parte del gobierno. Reclamamos estos cinco años los daños que hemos padecido los concesionarios por habernos privado de nuestro medio de trabajo", expresó Yáñez Ortega.
Quedaron en regresar el próximo lunes para confirmar si realmente se dio ese procedimiento y constatar que se le dé seguimiento pertinente al expediente.
Reconocieron que durante ese tiempo se les ha dado un apoyo social por parte del gobierno, el cual permanecerá hasta que el trámite legal llegue a su término, sin embargo consideran que las autoridades "patean el bote" al alargar el proceso, que entre más tiempo pase más los perjudica.
Durante estos cinco años han muerto 20 de sus compañeros, lamentaron, por ello esperan que se agilice el curso del caso por el bien de los que aún siguen en pie de lucha para que se respeten sus garantías que les fueron quitadas en 2018.
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Sobre el ofrecimiento que recibieron hace unos meses de pagarles 500 mil pesos por sus concesiones, comentaron que hubo ciertas personas que aceptaron para cubrir gastos médicos, pero ahora enfrentan dificultades financieras para atender sus necesidades básicas.
La idea es que al obtener por lo menos 1.5 millones de pesos por cada concesión es para crear un seguro para ellos y sus familias, apuntaron.
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