El feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos, pasante de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, quien además fuera víctima de abuso sexual y psicológico durante su estadía en la comunidad de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo del mismo estado, trajo a discusión una vez más las condiciones de vulnerabilidad que viven los médicos que realizan sus prácticas en el país.
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Sonora actualmente atraviesa por una crisis de violencia en regiones específicas de la entidad; Cajeme, Guaymas, Caborca y Magdalena comúnmente destacan por su hostilidad para con los estudiantes de Medicina que buscan hacerse de experiencia profesional, igualmente los pueblos de la sierra tales como Arivechi, Bacadéhuachi, Bacerac y Bacanora.
Tan sólo el año pasado, debido al incremento drástico de la inseguridad en el municipio de Caborca, un grupo de estudiantes de Medicina de la Universidad de Sonora, fue retirado de dicha zona para evitar que fueran víctimas colaterales de los enfrentamientos que tomaban lugar en la ciudad, pero sólo después de que los mismos alumnos expresaran públicamente su frustración al respecto.
Los brotes de violencia, provocados en la mayoría de los casos por el narcotráfico, no son el único problema con el que tienen que lidiar los estudiantes, pues también prevalece la escasez de infraestructura y medicamentos para atender apropiadamente a los pacientes, cuyas formas de demostrar su descontento varían entre sí.
María José Soto Osuna, una de los médicos pasantes de la máxima casa de estudios y quien se movilizó inicialmente para denunciar la situación, señaló que los estudiantes permanecen en una especie de limbo, pues si bien trabajan para instituciones como la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la única instancia que puede responder por ellos es la escuela de educación superior a la que pertenecen.
Aunado a este caso, se encuentra el de Mesa Tres Ríos, comunidad que no cuenta con personal médico ni pasante ni de planta, debido a la violencia que se vive en la zona, hecho que fue confirmado por el propio subsecretario de Salud Ricardo Espinoza Castro y, aunque la plaza se ha ofertado a diferentes médicos, éstos han rechazado contratarse para acudir al lugar.
Otras voces, sin embargo, insisten en que la responsabilidad de los pasantes de Medicina debe prevalecer independientemente del contexto de violencia que persista en cualquier región de la entidad, tal es el caso del representante del colectivo Médicos por Sonora, Luis Ramón León Córdova, quien adjudica la ausencia de egresados a estas zonas a la falta de profesionalismo de los mismos.
“Al médico recién graduado le falta la sensibilidad, dicen que no quieren ir a estas comunidades porque hay mucha violencia, pero al mismo tiempo buscan hacer el servicio social en espacios particulares aunque tienen el mismo problema con la violencia que otros lugares de Sonora; si el servicio social no se hace en comunidades donde se necesita, entonces no cuenta”, explicó.
A esta voz se sumó la de Alfonso Durazo Montaño, exsecretario de Seguridad Pública y actual candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, quien aseguró que los pasantes de Medicina deben de prestar sus servicios en los lugares más necesitados, aunque las condiciones de seguridad no sean las apropiadas.
“Hay que mandarlos, hay muchas cosas en el gobierno que no son gratas, pero si estudiaste medicina y vas a hacer tu servicio social, tienes que atender el servicio social donde las necesidades sociales demandan tu servicio, porque entonces te vas a ir a la Pitic, te vas a ir a Polanco, a no sé dónde, a la Náinari, ahí no se necesitan, entonces para qué estamos formando médicos”, expresó.
Posterior a esta declaración, el político cambió su discurso, reconociendo que los profesionales de la salud deben desarrollarse en condiciones técnicas y laborales dignas para llevar a cabo sus funciones de la forma más apropiada posible, enfatizando en que la seguridad de los médicos debe ser una responsabilidad del Gobierno del Estado.
Ante esta situación, diputados del Congreso del Estado han propuesto crear un protocolo para salvaguardar la integridad física del personal de salud que labora en clínicas rurales del Estado, especialmente de aquellas asediadas por la violencia y todavía de forma más particular las que no cuentan con personal médico por esta misma razón.
Ante la situación planteada por el Poder Legislativo, el secretario de Seguridad Pública David Anaya Cooley consideró que para salvaguardar los centros rurales de todo Sonora, es importante depurar las policías municipales, pues las corporaciones no tienen ni el 5% del estado de fuerza necesaria para atender hechos de violencia.
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