Un considerado lector acertadamente cuestiona que en nuestro análisis económico seguido recurrimos al argumento del Estado de Derecho.
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Pues bien, así es a consecuencia de que desde hace años hemos reiterado e insistido en que el principal problema del país es la no prevalencia del Estado de Derecho; esto es que la gran mayoría de los mexicanos exigen sus derechos, pero sin cumplir con sus obligaciones, ni con las disposiciones ni ordenamientos legales, sin acatar el bien común, sin respetar el derecho ni la ley.
A fin de precisar el tema, dos entrañables amigos prestigiados licenciados en Derecho, Humberto Valencia y Víctor Grijalva, nos precisan el concepto: “principios de gobernanza por los que todos, todos, instituciones, gobiernos, organismos, personas, ciudadanos y todo el pueblo, nos sometemos estrictamente a leyes, normas, reglamentos, valores, ordenamientos y principios obligados a cumplirse siempre a plenitud”.
Además, para evitar cualquier sesgo ideológico o falso estereotipo cultural y apreciación, investigamos el entorno mundial de este importante cimiento legal y fundamento socioeconómico para el crecimiento y desarrollo de las naciones, y encontramos que, con el sustento científico de los estudios del organismo internacional The Word Justice Project, WJP, resulta que México en las últimas ediciones de sus estudios e investigaciones, ha reprobado empeorando sus evaluaciones en los últimos años. O sea que en lugar de mejorar empeoramos; en legalidad vamos hacia atrás.
Triste y lamentablemente para los mexicanos y sobre todo para el pobre pueblo, nuestro país sin leyes, ahora en este año 2020, se ubica en el lugar 104 de 128 naciones estudiadas por el Justice Project, colocándonos en los últimos lugares del mundo, empatándonos con países pobres y sin leyes como Mali, Níger o Kenia. Así que, como cantaba el conjunto musical de los Apson Boys: “por eso estamos como estamos y nunca progresamos”, por eso desde hace muchos años tenemos los peores niveles de corrupción e impunidad del mundo, y este tema debe de interesarnos a todos.
Como dice el director del WJP, William Neukom para la Red Editorial Mexicana: “El Estado de Derecho no es sólo un ámbito de abogados y jueces; todos estamos involucrados y tenemos mucho trabajo para mejorar el Índice de Justicia del WJP”.
Este índice se basa en encuestas y mide la experiencia del pueblo en situaciones o cuestiones legales, entrevistando a 250 mil hogares, en 128 países del mundo para calcularlo. Este índice WJP es el más reconocido y aceptado a nivel mundial desde hace años, en temas de legalidad.
El ranking global evalúa a las naciones con varios parámetros, en un rango que va de 0.00 hasta 1.00, donde 0.00 es lo peor en materia del Estado de Derecho y 1.00 lo mejor.
Así la medición de este año 2020, México ya retrocedió de 0.48 a 0.44, lo que nos mandó al lugar 104. Respecto a las principales variables, el indicador de la corrupción desmejoró a 0.270; el parámetro de seguridad y violencia cayó a 0.135; y la justicia penal empeoró a 0.133, son las tres áreas que requieren la solución y mejoría más urgente en México. O sea que aquí la impartición de justicia y crímenes impunes están aún peores que la misma corrupción.
Lamentablemente, en los anteriores tres años, el último del gobierno de Peña y dos de AMLO, el país retrocedió en el índice mundial del Estado de Derecho, del pésimo lugar 92 que ocupamos en el año 2018, empeoramos al ominoso lugar 99 en el 2019; y, aún peor caímos al funesto lugar 104 al término del primer semestre de este año 2020.
Objetivamente, el informe del WJP advierte que el grave aumento de los múltiples asesinatos impunes y la imparable violencia que sufrimos, la creciente incidencia criminal y delincuencia generalizada, así como la arraigada corrupción e impunidad que padecemos en las entidades de la República Mexicana son los principales factores del debilitamiento del Estado de Derecho.
Comparándonos con los 128 países, con calificación de 0.43 en orden y seguridad, estamos en el deshonroso lugar 121 en el mundo; en justicia penal con 0.30 caímos al lugar 119; en justicia civil con 0.39 descendimos al lugar 116; y, en cumplimiento normativo con 0.35 empeoramos al lugar 91, en el mundo.
A consecuencia del pésimo Estado de Derecho no es posible crear las condiciones de paz, certidumbre, confianza, inversiones y seguridad que la economía, la salud pública, la educación, los sectores sociales y productivos necesitan para progresar y generar el bienestar requerido.
