A 12 años del incendio de la guardería ABC, los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) brindan protección a los responsables, según abogados y padres afectados.
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Son 49 niños los que fallecieron en el hecho y 10 más resultaron con lesiones graves de por vida, quienes al día de hoy tienen dificultades hasta para recibir los servicios médicos, además de 14 menores que acuden al Hospital Shriners para cirugías; a quienes, en conjunto, no se les ha hecho justicia.
Respuesta reciente
Miguel Nava Alvarado, presidente de la asociación civil Por ti Sea, Salud, Educación y Alimentación, y representante legal de 38 núcleos familiares de padres y madres de niños y niñas fallecidos en el siniestro, así como abogado de 8 de los 10 niños catalogados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como graves, mencionó que no se puede especular en un caso tan delicado, ya que no se cuenta con acceso a la totalidad de la sentencia.
“Desconozco el contenido de la sentencia, porque la SCJN sesionó en su primera sala y dio el sentido de la resolución concediendo el amparo, aparentemente en notas periodísticas, para que tres personas coordinadoras de guarderías entren en la sentencia que emitió el tribunal unitario”, indicó.
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Hasta el momento, señaló, se entiende que la SCJN concede el amparo a los condenados en 2016 y confirmados por un tribunal unitario en 2017 para efecto de que se le reduzca las condenas de las que ya habían sido objeto, mientras que tres más que tenían calidad de coordinadora de guardería, se les incluya dentro de la nueva sentencia que va a emitir el colegiado.
Sin embargo, lo que consideró más grave es que dentro de lo que se concede en el amparo es para las partes condenadas, esto significa que en lugar de que se acumule una penalización por la cantidad del daño ocurrido en el caso ABC, abogan por que se reduzca la condena.
“En lugar de que exista una acumulación de la penalidad por la cantidad de muerte y destrucción que se generó por esa tragedia, simple y sencillamente piden se les tome en consideración la penalidad más alta del delito que se le impute y hasta una cuarta parte, al parecer, de los demás delitos”.
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Por ello, explicó que revisar el expediente modificaría la sentencia y con ello se reduciría la condena, no obstante, fue muy claro al decir que no tienen acceso a la sentencia, la cual pedirán próximamente, pero qué es lo que se entiende a partir de la información surgida.
Doble tragedia
Es difícil pensar que a doce años de los hechos ocurridos en la guardería ABC, la parte afectada no cuente con un resolutivo que los respalde, lo que es una doble tragedia, según indicó Miguel Nava.
“Aquí hay una situación que para mí es muy importante, a priori; no conociendo el contenido de la sentencia, esto es otra tragedia dentro de la tragedia, el que tarden doce años para generar un beneficio a los que fueron condenados y los últimos tres años guardando el asunto para generar no un beneficio a los fallecidos y lesionados o las víctimas indirectas, es indudable que el asunto entró en una situación política”.
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Ello, dijo el abogado, es un reflejo de la precaria condición del Poder Judicial Federal, ya que a más de una década, el mayor beneficio de la justicia esté de lado de quienes, consideró, causaron la tragedia ABC.
Desilusión por respuesta oficial
Marisol Montaño, madre de una sobreviviente de los hechos, aseguró que no esperaban el resolutivo que calificó como injusto.
“Todavía que digan que hay 22 inculpados, que ya sabíamos, pero que ahora quieren que les quiten años de cárcel, pues está muy mal; como que no entiende la SCJN lo grande que fue, que 49 vidas se perdieron no es algo que nada más se le da vuelta a la página”.
Destacó que es un hecho que de por vida marcó la vida de los padres y que lo que la SCJN está haciendo no es justicia, “justicia es que realmente les den lo que les corresponde por cárcel a cada uno y que sean todos los implicados, no tienen por qué bajarles la penalidad”.
Represión en "las mañaneras"
El 12 de diciembre del 2019, los padres de los niños fallecidos y lesionados de por vida de la guardería ABC, sostuvieron un diálogo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a hacer justicia para los afectados.
A un año cinco meses del compromiso estrechado, pareciera, de acuerdo a Marisol Montaño, que no hay disposición para darles voz a los padres de familia.
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Y es que, narró, tanto los reporteros que acuden a las ‘mañaneras’ no pueden cuestionar sobre los avances o resolutivos del caso, de lo contrario no podrán seguir en la conferencia.
“Estuvimos muchos días acudiendo a la ‘mañanera’, entregamos escritos de que estábamos afuera para pedir que fuéramos atendidos y los mismos periodistas nos decían que no podían hablar del tema porque si no los sacaban y ya no los dejaban entrar; que tenían prohibido hablar del tema ABC”.
Para ella y los padres que están inmersos en estas circunstancias, sin haberlas pedido ni ocasionado, los invade una tristeza, ya que previo el Presidente de la República acudió a la capital para prometer justicia.
“Alejandro Encinas prometió estar con nosotros, Olga Cordero también, pero ya nunca se volvieron a presentar; mandamos a hacer lonas, rodeamos toda la Secretaría de Gobernación (Segob), al otro día nos las tiraron a la basura”, externó Marisol.
Para el grupo de padres que buscan justicia, los tiene desconcertados la falta de comunicación con las autoridades así como del mismo presidente de la República, “no entendemos si hay un complot de que o al presidente no le está llegando la información correcta o verdaderamente ya no le está interesante el caso; está bien raro todo”.
Tanto Marisol Montaño, como el representante legal Miguel Nava, consideran que los resolutivos y acciones por parte de la SCJN, así como de la Segob, son emitidos días antes o después de la fecha, sin embargo el resto del año no se ejerce acciones para promover la justicia.
“Qué casualidad que sacó su resolución al aniversario número doce, también cuando sacó su resolución el tribunal unitario, no lo hizo nada más; fue después de que nos manifestamos en 2018 cuatro días después de la marcha el cinco de junio; ¿por qué no lo hacen antes?, ¿Por qué se esperan? ¿Por qué quieren generar esa cortina de humo como para que no digan que no hacen nada?”, manifestó Miguel Nava.
El abogado comentó que lo que actualmente sucede con los resolutivos es producto de un poder “judicial podrido y a modo”.
Mientras tanto, Marisol no dejará de luchar para que su hija pueda tener acceso a servicios médicos dignos que le garanticen la calidad de vida, pues ella, al igual que muchos padres de familia, confiaron en la seguridad, protección y medidas establecidas en una guardería para buscar el porvenir, recibiendo a cambio, un calvario que no han podido finiquitar.
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