La corrupción en Sonora, así como en el resto de México, es un problema diario, al grado de que se registró un incremento del 34.5% en la cantidad de víctimas de extorsiones u otros hechos similares.
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) señala que este tipo de actos están presentes en contacto con autoridades de seguridad pública, permisos relacionados con la propiedad y trámites ante el Ministerio Público.
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Debido a esto, recientemente se ha propuesto en Sonora alargar las penas de cárcel para aquellos servidores públicos que cometan este delito.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2021, la entidad ha registrado un incremento en la tasa de víctimas de actos de corrupción del 34.5% entre 2019 y 2021, al pasar de 12 mil 556 personas afectas por cada 100 mil habitantes, a 16 mil 890 víctimas de corrupción.
Asimismo, la encuesta reporta un aumento del 31.6% en la tasa de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100 mil habitantes, al pasar de 24 mil 221 en 2019, a 31 mil 883 para 2022.
Entre los tipos de trámites, pagos o solicitudes que más afectaron a las y los sonorenses, se encuentra en primer lugar el contacto con autoridades de seguridad pública, con 71 mil 457 víctimas por cada 100 mil habitantes; en segundo los permisos relacionados con la propiedad pública, con 33 mil 724 personas afectadas por cada 100 mil habitantes; y en tercero los trámites ante el ministerio público.
Con lo anterior, cabe añadir que la encuesta resaltó la percepción sobre la frecuencia de la corrupción en Sonora, de manera que para el 2021, el 85.2% de la población considera que este tipo de actos son frecuentes o muy frecuentes en el Estado, lo cual no representa una variación sustancial de los resultados del 2019, con un porcentaje de 85.7.
38% de las instituciones estatales incumplen leyes de transparencia
Otros datos que arrojan luz sobre la situación de la corrupción en Sonora, son los resultados del Informe de Cuentas Públicas Estatales del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), donde se destacan las deficiencias en el acceso a la información y la opacidad en la documentación de compras públicas realizadas por instituciones estatales.
Al respecto, Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del IMCO, mencionó que solamente el 62% de dichas instituciones cumplieron con su obligación de registrar sus compras públicas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), mientras que el 94% de las adjudicaciones directas que sí fueron registradas no contaban con un enlace directo al contrato, es decir, que no hay manera de identificar al proveedor, ni los motivos por los que se hizo la compra sin competencia.
“La Plataforma Nacional de Transparencia, entiendo que es un herramienta obligatoria para todas las instituciones estatales, pero a pesar de que debe fomentar la transparencia y acceso a la información, vemos que esto no sucede y en particular en las compras públicas hay un registro incompleto de información, de instituciones que no cumplen con esta obligación y otras que a pesar de cumplir lo hacen con una calidad muy baja en el acceso a la información”, dijo.
Lo anterior implica retos y riesgos a la corrupción, por lo que es importante fortalecer la transparencia en el acceso de documentos para que cualquier persona pueda monitorear contratos o proveedores, mientras que en el caso de las adjudicaciones directas deberían contener enlaces que funcionen de manera adecuada y más sencillo de encontrar.
“Hay algunos retos en el registro de la información, no solamente los enlaces son inaccesibles, sino que son falsos o incompletos que entonces muestran una deficiencia en la información de compras públicas del estado y en consecuencia también en detectar con precisión el monto total, el nivel de competencia, de transparencia y cumplimiento de la ley en cada una de las compras, dado que las instituciones estatales no registran la información de manera adecuada”, comentó.
En ese sentido, señaló que Sonora tiene todavía un importante porcentaje de instituciones públicas que no registraron sus compras públicas en la PNT, aunque existen lineamientos en la Ley General de Transparencia y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado que establecen los datos y campos que debe llenar cada dependencia, donde se debe contar con la documentación, por lo que cualquier incumplimiento es una falta a estas leyes.
Asimismo, otro punto a considerar son los errores de la captura de la plataforma, por lo que es insuficiente para considerar que la información es verdaderamente de calidad como para servir tanto para las instituciones, medios de comunicación o investigadores que busquen analizar el gasto en compras públicas en la entidad.
Proponen ampliar penas para delitos de corrupción
A través de diversos agravantes, las personas que cometan algún delito de corrupción, así como de extorsión, podrían afrontar hasta 60 años de prisión, en caso de aprobarse una serie de modificaciones al Código Penal del Estado y la Ley de Responsabilidades y Sanciones de Sonora, propuestas recientemente en el Congreso del Estado.
A inicios de noviembre, la diputada Brenda Córdova presentó la iniciativa, misma que busca prevenir que sucedan casos de extorsión para permanecer en un cargo, ya sea gubernamental, sindical o de empresas privadas, cuando algún servidor público condicione la permanencia en el puesto a sus subordinados con el objetivo de obtener algún beneficio.
“La iniciativa se encuentra turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presidida por la diputada Diana Karina Barreras, quien actualmente es presidenta del Congreso. Están pendientes foros de parlamento abierto para socializar la propuesta tal como se hace con cada tema que subimos al pleno. Aún no se ha realizado la comisión dónde fue canalizada porque se está esperando el estudio del impacto presupuestal”, expresó.
En ese sentido, se propuso la adhesión de una fracción V al artículo 293 del Código Penal del Estado, donde se establece que se impondrán de 30 a 60 años cuando una extorsión sea llevada a cabo por un servidor público al solicitar recursos o algún beneficio para sí o para otra persona, condicionando la permanencia en el cargo a otro servidor en caso de que se rehúse.
Además, se busca agregar el artículo 68 Bis a la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado, el cual fija que “cometerá extorsión la o el servidor público que, por sí mismo o a través de otra persona, mediante coacción o intimidación, obligue a otro a dar, hacer, no hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con la finalidad de obtener un lucro para sí o para otro, o de causar a alguien un perjuicio patrimonial, o condicionándolo para que continúe desempeñándose como servidor público”.
Delitos investigados
Por su parte, Rogelio López García, fiscal anticorrupción de Sonora, informó que desde el 13 de septiembre del 2021 a la fecha, en la entidad están abiertas un total de 600 carpetas de investigación por actos de corrupción de diversa índole.
Asimismo, destacó que se cuenta con 14 órdenes de aprehensión giradas por jueces en contra de tres servidores públicos estatales, cinco municipales, tres servidores de organismos públicos autónomos, dos notarios públicos y un particular.
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“Tenemos 55 vinculaciones a proceso, de los cuales 15 son servidores públicos estatales, 25 servidores públicos municipales, cuatro de organismos autónomos, cinco notarios y seis particulares y llevamos siete sentencias en esta administración, a partir del 13 de septiembre del año pasado”, externó.
Mientras tanto, agregó el fiscal, se ha logrado la detención de cuatro personas, las cuales están sujetas a procedimientos penales, como derivado de las investigaciones para combatir la corrupción en Sonora.
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