Dos relatores de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaron a las autoridades mexicanas a asegurar que un nuevo proyecto de ley sobre publicidad oficial establezca garantías a la independencia de los medios y la libertad de expresión.
"Miembros del Gobierno de México utilizan miles de millones de pesos al año en publicidad oficial, pero la falta de regulación constituye un serio riesgo para la independencia de los medios y viola el derecho a la información", manifestaron en un comunicado conjunto el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, y su homólogo en la ONU, David Kaye.
Les preocupa especialmente, indicaron, que el proyecto de ley propuesto "deje un amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad".
También resaltaron que "es esencial contar con criterios preestablecidos con claras obligaciones gubernamentales para explicar los fundamentos jurídicos y razones para la adopción de decisiones sobre la asignación de los fondos de publicidad, a fin de evitar el abuso y el gasto excesivo".
"La ley debe prohibir claramente el uso la publicidad oficial para fines electorales o partidarios o para infringir la libertad de los medios y además debe establecer mecanismos para la vigilancia externa mediante un órgano autónomo", indicaron.
Los dos relatores también consideran necesarios en la ley procedimientos de responsabilidad y sanciones en caso de incumplimientos.
Los expertos de la ONU y la CIDH resaltaron que "México tiene la obligación de establecer un marco normativo sobre la publicidad oficial que contenga reglas claras sobre sus objetivos, criterios de asignación y procedimientos a fin de impedir cualquier uso discriminatorio o arbitrario de estos fondos".
En una decisión que los relatores calificaron de "histórica", el pasado 15 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de México ordenó al Congreso que emitiera una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.
La legislación propuesta presentada al Congreso procura cumplir con esta orden, indicaron.
De acuerdo con la información disponible, añadieron Lanza y Kaye, la Cámara de Diputados del Congreso aprobó este proyecto de ley el 10 de abril, en un proceso caracterizado por "la falta de consulta significativa" con la sociedad civil y otros actores interesados.
El proyecto de ley está en discusión en el Senado, donde varios legisladores han solicitado cambios.
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