Con el pronto desarrollo de la única mina de litio de México, en Bacadéhuachi, Sonora, llegarán empleos e inversión, pero también se prevé la llegada de grupos ambientalistas y activistas antimineros, que al parecer podrían reorientar sus esfuerzos para frenar esta actividad con argumentos ambientalistas y reclamos de reparto equitativo de riqueza, junto a una agenda oculta, claramente política.
La industria del litio proyecta que para el 2025 la extracción de este mineral en el mundo se triplique en relación a la producción del 2021, eso significa una acelerada generación de proyectos mineros que forzosamente tendrán que contar con apoyo gubernamental, sin embargo expertos prevén que esté fenómeno vendrá acompañado de un estallido social, protestas de ambientalistas y vecinos de las minas reclamando compensaciones económicas, protección al ambiente y responsabilidad social. ¿Está Sonora y México preparados para ello? .
En un análisis del portal Mining Technology acerca del fenómeno del litio, ese que está reclamando la 4T para su explotación exclusiva, como lo hace con el petróleo o como lo pretende también hacer con la generación de energía eléctrica, se especula respecto a un muy previsible panorama, uno de reclamo social; podemos ver que nunca ningún recurso natural ha tenido una escalada extractivista tan acelerada como se pretende hacer con el litio, triplicar la producción mundial en cuatro años significa que ¡a la voz de ya! Se estarían generando nuevos proyectos de exploración y que los proyectos donde hay recursos probados, deberán empezar a ejecutarse cuanto antes, pues para 2035 el sector automotriz pretender tener una presencia dominante de vehículos eléctricos en los centros urbanos del mundo.
Ante el panorama antes descrito, se prevé que el acelerado florecer de proyectos mineros de litio, abra la puerta al negocio del activismo antiminero, ahora para el litio, el nuevo oro, de modo que los esfuerzos de organizaciones como REMA y otras más, podría virar de atacar proyectos mineros de oro y plata con argumentos de defensa de ecosistemas y comunidades, a oponerse a estos nuevos proyectos, que en el caso de nuestro país, se centrarán en Sonora y deberán ser cobijados y defendidos por la administración estatal y la Federación, es decir, Morena, el Gobernador y el Presidente.
Sonora no es un Estado que conozca de cerca el fenómeno de los movimientos antimineros, aquí se pelea por mejores condiciones de empleo, por compensaciones justas, por la defensa del medio ambiente sí, pero no hay grupos de choque y ataque frontal contra la minería, de esos que dicen No a todo, sin atender argumentos, de esos que están establecidos en Puebla, Guanajuato, Guerrero, Durango y Baja California Sur, entre otros. Así que sería un reto interesante de observar, cómo sacar adelante un proyecto de capital extranjero, de un recurso, reclamado como nacional, en medio de ataques estratégicos que bien podrían ser secundados por los partidos políticos de oposición estatal y en general, por los opositores a la 4T.
