/ miércoles 30 de marzo de 2022

Conversatorios mineros | Tren tóxico a cielo abierto

El impacto al medio ambiente que tendría el Tren Maya podría ser mayor al impacto conjunto de todos los proyectos mineros del país a los que el Gobierno federal les ha negado permisos ambientales, la afirmación es temeraria, pero nadie la puede desmentir, simplemente porque el Tren Maya no tiene estudios de impacto ambiental, y al no haber línea base no se puede refutar el dicho y eso es lo preocupante, ni siquiera se ocuparon en calcular la magnitud de sus repercusiones al entorno.

Para que una mina llegue a construirse en México se necesitan años de estudios ambientales para tramitar permisos, que pueden ser negados por el Gobierno federal en función de impactos como deforestación, amenaza a los acuíferos, áreas naturales protegidas o zonas arqueológicas, curiosamente el Tren Maya tiene todas estas atenuantes, sin embargo por decreto presidencial no requiere permisos, ni se hicieron estudios.

Durante muchos años, antes y durante todo el sexenio de la 4T varias decenas de proyectos mineros están detenidos por falta de autorizaciones de la Semarnat, se trata de empresas que invirtieron en concesiones y siguiendo la ley, invirtieron muchos millones de dólares en estudios, e investigadores invirtieron miles de horas hombre para establecer, medir y mitigar riesgos a los ecosistemas; hablamos de empresas dispuestas a pagar compensaciones ambientales millonarias e invertir en proyectos de sustentabilidad, que sin embargo han recibido un No como respuesta de la 4T.

El gobierno de López Obrador ha criticado muchos las minas a cielo abierto, porque dice que atentan contra nuestro medio ambiente, a diferencia de su Tren Maya, las mineras siguen la ley y exponen públicamente sus estudios científicos, a cambio han recibido el mote de “megaminería tóxica” en campañas antimineras toleradas y yo diría hasta impulsadas desde el Gobierno federal.

Cuando un proyecto minero, o de cualquier índole se va a desarrollar, el inversionista presenta ante la Semarnat su Manifestación de Impacto Ambiental, además publica en los medios de mayor circulación de la zona, un extracto del proyecto y sus impactos, y sí un ciudadano mexicano se considera afectado por esa obra, puede solicitar a la Semarnat, por medio de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, una Consulta Pública del Proyecto, esta consulta NO implica una votación ciudadana, implica que la empresa exponga “a consulta” toda su documentación técnica a disposición de la ciudadanía, gobiernos e instituciones académicas y de la sociedad civil para que la examinen, esto es lo que le faltó al Tren, a cambio hicieron una consulta ciudadana de esa de la 4T donde las poblaciones “indígenas” votaron en más del 90% por el sí al Tren.

Hoy que celebridades hacen visible el tema del impacto ambiental del Tren Maya el Gobierno federal los desestima; muchos de esos artistas han estado en protestas contra minas y el Gobierno federal ha atendido esas manifestaciones legítimas de preocupación, ahora entenderán que el Gobierno nunca los escuchó a ellos, sino a sus intereses.

El impacto al medio ambiente que tendría el Tren Maya podría ser mayor al impacto conjunto de todos los proyectos mineros del país a los que el Gobierno federal les ha negado permisos ambientales, la afirmación es temeraria, pero nadie la puede desmentir, simplemente porque el Tren Maya no tiene estudios de impacto ambiental, y al no haber línea base no se puede refutar el dicho y eso es lo preocupante, ni siquiera se ocuparon en calcular la magnitud de sus repercusiones al entorno.

Para que una mina llegue a construirse en México se necesitan años de estudios ambientales para tramitar permisos, que pueden ser negados por el Gobierno federal en función de impactos como deforestación, amenaza a los acuíferos, áreas naturales protegidas o zonas arqueológicas, curiosamente el Tren Maya tiene todas estas atenuantes, sin embargo por decreto presidencial no requiere permisos, ni se hicieron estudios.

Durante muchos años, antes y durante todo el sexenio de la 4T varias decenas de proyectos mineros están detenidos por falta de autorizaciones de la Semarnat, se trata de empresas que invirtieron en concesiones y siguiendo la ley, invirtieron muchos millones de dólares en estudios, e investigadores invirtieron miles de horas hombre para establecer, medir y mitigar riesgos a los ecosistemas; hablamos de empresas dispuestas a pagar compensaciones ambientales millonarias e invertir en proyectos de sustentabilidad, que sin embargo han recibido un No como respuesta de la 4T.

El gobierno de López Obrador ha criticado muchos las minas a cielo abierto, porque dice que atentan contra nuestro medio ambiente, a diferencia de su Tren Maya, las mineras siguen la ley y exponen públicamente sus estudios científicos, a cambio han recibido el mote de “megaminería tóxica” en campañas antimineras toleradas y yo diría hasta impulsadas desde el Gobierno federal.

Cuando un proyecto minero, o de cualquier índole se va a desarrollar, el inversionista presenta ante la Semarnat su Manifestación de Impacto Ambiental, además publica en los medios de mayor circulación de la zona, un extracto del proyecto y sus impactos, y sí un ciudadano mexicano se considera afectado por esa obra, puede solicitar a la Semarnat, por medio de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, una Consulta Pública del Proyecto, esta consulta NO implica una votación ciudadana, implica que la empresa exponga “a consulta” toda su documentación técnica a disposición de la ciudadanía, gobiernos e instituciones académicas y de la sociedad civil para que la examinen, esto es lo que le faltó al Tren, a cambio hicieron una consulta ciudadana de esa de la 4T donde las poblaciones “indígenas” votaron en más del 90% por el sí al Tren.

Hoy que celebridades hacen visible el tema del impacto ambiental del Tren Maya el Gobierno federal los desestima; muchos de esos artistas han estado en protestas contra minas y el Gobierno federal ha atendido esas manifestaciones legítimas de preocupación, ahora entenderán que el Gobierno nunca los escuchó a ellos, sino a sus intereses.