Antecedida por una campaña de odio en redes sociales hacia la comunidad Lgbttti en Sonora, en la que le recriminaban su intención de presentar una iniciativa para reconocer el matrimonio igualitario en la entidad, la diputada Yumiko Palomares dio lectura a su propuesta ante la Comisión Permanente del Congreso local.
La legisladora de Morena no cedió a presiones de un grupo de conservadores que promovió el hashtag en Twitter de “matrimonio natural” asegurando que la unión de dos personas del mismo sexo atenta contra la familia. A la vieja usanza de los partidos, este grupo recurrió al uso de bots y troles, con textos que dan pena ajena y que no vale la pena repetir.
El modelo de familia tradicional que conocemos no es, en los hechos, el único que existe y, por lo tanto, no debería ser el único que esté normado en nuestras leyes.
Valiente la postura de la diputada Palomares, quien le pone el ejemplo a su propia bancada y al resto de las y los legisladores al actuar como están obligados: sin prejuicios, sin guiarse por creencias religiosas y promoviendo una reforma que haga justicia, para que no haya sonorenses de primera y de segunda.
Sería muy vergonzoso para el Congreso de Sonora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le tenga que enmendar la plana, como lo ha hecho con las legislaturas de Nuevo León, Chiapas, Puebla, Jalisco y Baja California y se vería mejor un titular en prensa de que se aprobaron las reformas que garantizan el mismo derecho a contraer matrimonio a todas las personas, mayores de edad, claro.
MATRIMONIO IGUALITARIO, A DISCUSIÓN
La diputada Yumiko Palomares propone reformar el Código de Familia y el Código de Procedimientos Civiles para que se establezca que: “El matrimonio es la unión legítima de dos personas, con el propósito expreso de integrar una familia, procurándose respeto recíproco y protección mutua…”
En su exposición de motivos, argumenta que el concepto que actualmente rige sobre el matrimonio, mismo que lo define como la unión entre un hombre y una mujer, es discriminatorio, porque sitúa a las parejas del mismo sexo en un nivel inferior al de las heterosexuales y se les niega el derecho a beneficios como los de seguridad social, de propiedad, migratorios, hereditarios.
Si las y los legisladores locales tienen respeto por la Corte, que en 2015 estableció jurisprudencia al declarar inconstitucional cualquier legislación estatal que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación o que establezca que esa unión sólo se debe dar entre hombre y mujer, deberían aprobar por unanimidad esta iniciativa y sin chistar.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en el mismo tenor sobre el matrimonio igualitario, fechada el 6 de noviembre de 2015, dirigida a los titulares de los poderes Ejecutivo y órganos Legislativos de las entidades, en la que recomienda modificar la normativa civil y familiar para permitir el acceso al matrimonio a todas las personas.
Ya la Legislatura anterior ignoró tanto a la Corte como a la CNDH y a la propia comunidad Lgbttti, que ha pedido desde hace tiempo que se realicen estas reformas.
¿Hará lo mismo la actual? ¿Pesará más la presión del grupo de conservadores y las creencias personales de las y los diputados que sólo reconocen el modelo tradicional de familia? Veremos si no queda en la congeladora, como tantas otras iniciativas de avanzada en materia de derechos humanos.
Hasta el próximo miércoles.
Maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas por El Colegio de Sonora y Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora.
Twitter: @AlvaradoVMarce
